Reforma alimentaria en escuelas obliga a eliminar snacks azucarados de los menús escolares
“Alimenta la salud de la próxima generación: ¡Descubre cómo la Cámara de Diputados está impulsando una nutrición escolar saludable y responsable!”
La Cámara de Diputados ha dado un paso importante hacia la promoción de la salud y el bienestar escolar al aprobar en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar. La iniciativa, presentada por la diputada Soraya Suárez, busca mejorar la calidad de los alimentos que se ofrecen a los estudiantes en las escuelas.
El proyecto prohíbe la venta y consumo de productos azucarados, ultraprocesados y con alto contenido de sodio en las escuelas, y establece la creación de una guía de alimentos saludables para las cafeterías escolares. Además, se dispone que los alimentos que se proporcionen a los niños deben proporcionar los nutrientes necesarios para su desarrollo físico e intelectual.
Para garantizar la calidad de los alimentos, el proyecto establece que todas las personas involucradas en su manejo y procesamiento deben recibir una capacitación continua en buenas prácticas higiénicas. Un programa supervisado por el Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie) se encargará de monitorear este proceso.
En cuanto al abastecimiento y preparación de alimentos, el proyecto ordena al Inabie a crear condiciones para que toda la alimentación escolar sea abastecida por pequeños productores locales, con prioridad en la producción orgánica sin el uso de fertilizantes químicos dañinos para la salud.
Una de las medidas innovadoras del proyecto es la instalación de cocinas en las escuelas para preparar el almuerzo escolar en el propio espacio educativo. Sin embargo, se mantendrá la modalidad de contratar proveedores externos para la preparación de alimentos, con énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas de la comunidad.
El proyecto también establece que los directores de escuela que influyan fraudulentamente en la selección de proveedores pueden tener consecuencias penales, y que los proveedores que se beneficien con información confidencial del proceso pueden ser revocados de los procedimientos.
Con la aprobación en primera lectura, el proyecto ahora está listo para su aprobación en segunda lectura y, si cumple con todo el proceso, irá al Senado para otras dos votaciones reglamentarias antes de convertirse formalmente en una ley.
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