Francia vendió a Brasil un portaaviones con sorpresa incluida: 23 años después terminaron hundiéndolo

El portaaviones Foch, vendido por Francia a Brasil en el año 2000, descansa ahora a 5.000 metros de profundidad en el Atlántico, tras un periplo de más de dos décadas marcado por averías, rechazos internacionales y una disputa ambiental que culminó en su hundimiento controlado en febrero de 2023. La embarcación, rebautizada como São Paulo por la Marina brasileña, fue adquirida por 12 millones de dólares con la intención de convertirse en el buque insignia de la flota sudamericana. Sin embargo, el gigante de 265 metros y capacidad para 2.000 tripulantes apenas navegó operativamente.

El caso ilustra los riesgos de adquirir material militar de segunda mano sin evaluar a fondo su estado real y los costos ocultos de mantenimiento. Incendios graves, como el de 2005, y la falta de repuestos convirtieron al navío en un problema logístico constante, llevando a Brasil a descartar una modernización que lo habría mantenido activo hasta 2039 por su elevado costo. Para el lector, esta historia no es solo una anécdota naval: muestra cómo decisiones de compra aparentemente ventajosas pueden convertirse en pasivos ambientales y financieros de largo plazo, un patrón que se repite en otros países que adquieren equipos militares usados sin garantías claras.

El desenlace se precipitó en 2021, cuando una empresa turca compró el casco como chatarra por 1,9 millones de dólares. No obstante, el permiso de importación fue revocado por Ankara ante las dudas sobre el amianto y otros materiales tóxicos que aún permanecían a bordo, pese a los trabajos de descontaminación incompletos realizados por Francia antes de la venta. Este episodio subraya la importancia de los controles fronterizos sobre residuos peligrosos: el rechazo turco evidenció que el problema no era solo el buque, sino la responsabilidad transfronteriza por desechos tóxicos que ningún país quería asumir.

Tras meses varado frente a la costa brasileña y con el casco deteriorándose, las autoridades optaron por detonar cargas explosivas para hundirlo en aguas internacionales, a unos 350 kilómetros de la costa, desatando críticas de organizaciones ambientales que denunciaron la falta de consenso sobre las toneladas de residuos peligrosos—incluyendo PCB, plomo y mercurio—que se depositaron en el lecho marino. La decisión final plantea un dilema recurrente: qué hacer con infraestructuras obsoletas y contaminadas cuando el reciclaje seguro resulta inviable económicamente o es rechazado por otros países.

El hundimiento del São Paulo deja lecciones para la región: la necesidad de auditorías independientes antes de comprar material militar usado, la urgencia de protocolos claros para el desmantelamiento de buques con amianto y la importancia de que los países vendedores asuman responsabilidad por la contaminación que exportan. Para Brasil, el episodio cierra un capítulo costoso y sin gloria; para la comunidad internacional, queda la pregunta de cuántos cascos similares esperan en puertos del mundo una solución que no contamine los océanos ni evada las normas ambientales.

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