El vacío legal que deja en evidencia la ley observada por Abinader
“Compromisos de 30 años en juego: ¿La ley de deuda pública quedará aprobada de manera automática o se abrirá un nuevo capítulo legislativo?”
La iniciativa destinada a saldar compromisos acumulados por el Estado con contratistas desde 1996 quedó atrapada en un escenario constitucional complejo tras ser observada por el presidente Luis Abinader. Al mismo tiempo, el Congreso tramitó y aprobó una nueva propuesta sobre el mismo asunto, aunque con ajustes puntuales, lo que dejó abiertas dos vías legislativas vinculadas a una misma deuda pública.
El punto de tensión radica en que el proyecto original, aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026 y convertido en ley, no ha sido retirado formalmente del Congreso pese a las observaciones del Poder Ejecutivo. Esa permanencia mantiene activa la discusión sobre su estatus, ya que podría quedar aprobado de manera automática si no se mueve durante dos legislaturas, conforme al mecanismo constitucional aplicable.
La Constitución establece en su artículo 102 que, cuando el presidente objeta una ley, debe devolverla a la cámara de origen con la explicación de los artículos cuestionados y las razones de fondo. Después de eso, la cámara correspondiente debe volver a votar la pieza en una sola lectura. Sin embargo, el artículo 103 añade que todo proyecto dispone de dos legislaturas ordinarias para ser tramitado; si ese plazo vence sin decisión definitiva, la observación se entiende aceptada y la ley queda aprobada automáticamente.
Mientras ese expediente sigue abierto, la Cámara de Diputados promovió una nueva iniciativa para sustituir la observada. La versión inicial reconocía de forma directa deudas pendientes y ordenaba el pago a 571 contratistas ya identificados, por trabajos y servicios acumulados desde 1996. Abinader la objetó al considerar que el texto no precisaba con exactitud el monto total a desembolsar ni individualizaba de manera formal a todas las personas y empresas beneficiarias.
Tras esa observación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió un nuevo proyecto que cambia por completo el procedimiento de verificación. La propuesta crea una comisión encargada de revisar cada reclamación antes de autorizar pagos, con la facultad de rechazar solicitudes o ajustar los montos reclamados, aunque sin posibilidad de incorporar nuevos beneficiarios.
El nuevo texto elimina el reconocimiento automático de las acreencias y somete los casos a un proceso previo de validación y confirmación. Ya fue remitido al Poder Ejecutivo y espera promulgación, mientras la pieza original continúa sin retiro formal en la Cámara de Diputados, lo que mantiene abierto el debate jurídico sobre dos iniciativas distintas relacionadas con las mismas obligaciones del Estado.
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