El espejismo de las grandes empresas: por qué crecer no siempre es rentable
Micro y pequeñas empresas: ¿la Ley 30-26 frena su crecimiento? Analizamos la ‘trampa del tamaño’ que desalienta la inversión en RD.
El tamaño no lo es todo en el mundo empresarial. Las políticas públicas que premian a las micro y pequeñas empresas con beneficios fiscales y regulatorios, aunque nacen con buenas intenciones, pueden terminar generando el efecto contrario: frenar el crecimiento, desalentar la inversión y debilitar la recaudación fiscal. Es lo que los economistas llaman la "trampa del tamaño", un fenómeno que en República Dominicana ha encontrado un nuevo capítulo con la reciente Ley 30-26.
La lógica detrás de estos esquemas es comprensible: proteger al tejido empresarial más vulnerable, facilitar la formalización y reducir la carga burocrática de quienes recién empiezan. Sin embargo, cuando los beneficios se estructuran en función de la dimensión de la empresa —tasas impositivas reducidas, menores obligaciones laborales o regímenes simplificados como el monotributo—, se crea un incentivo perverso: los empresarios prefieren mantenerse pequeños para no perder esas ventajas. El resultado es una economía llena de microempresas que no crecen, no contratan y, en el peor de los casos, subdeclaran ingresos para no cruzar el umbral que les haría perder sus privilegios.
El caso dominicano es ilustrativo. La Ley 30-26 introdujo tres esquemas de anticipos diferenciados según el tamaño de la empresa y una tasa distinta del impuesto sobre la renta. Lejos de simplificar el sistema, esta medida lo hizo más complejo y mantuvo las distorsiones estructurales que impiden un crecimiento sostenido del sector empresarial. Además, la eliminación del impuesto a las empresas —una medida que en principio parece positiva— genera un efecto colateral: el incentivo a multiplicar entidades legales para aprovechar los beneficios, fragmentando la actividad económica real y complicando la labor de la administración tributaria.
Para el lector, esta dinámica tiene consecuencias concretas. Cuando las empresas deciden no crecer, se pierden empleos formales, se reduce la inversión en tecnología y productividad, y la base tributaria se estrecha. Al final, el costo lo asume toda la economía: menos ingresos fiscales para financiar servicios públicos, menos competencia en los mercados y una menor capacidad de las empresas locales para competir a nivel regional o global.
La salida no está en multiplicar regímenes especiales ni en diseñar más excepciones. La solución de fondo pasa por reformas tributarias integrales que simplifiquen el sistema, reduzcan las distorsiones y traten a todos los contribuyentes con reglas claras y homogéneas. Solo así se generan incentivos reales a la inversión, la productividad y la contratación, sin importar el tamaño de la empresa. Mientras tanto, conviene observar de cerca cómo se implementa la Ley 30-26 y si sus efectos prácticos terminan confirmando o desmintiendo la teoría de la trampa del tamaño.
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