El almacén fantasma de España: 13 años pagando por un gas que nunca llegó y temblores hasta 2044

España lleva 13 años pagando una factura que no deja de crecer por un almacén de gas submarino que jamás almacenó ni un metro cúbico, que provocó más de mil microseísmos y que los consumidores seguirán amortizando hasta 2044. El proyecto Castor, sellado frente a la costa de Vinaròs, acumula ya un coste cercano a los 1.700 millones de euros entre pagos públicos y cargos en el recibo del gas, y su desmantelamiento, anunciado para este verano, sigue sin completarse.

La historia del Castor es la de un error estratégico nacido en la planificación energética de 2002 y ejecutado con urgencia en 2008 bajo la concesión a Escal UGS, participada por ACS. La infraestructura, que reutilizó un antiguo yacimiento de Shell, entró en pruebas en 2013 y desató una serie de temblores que la ciencia vinculó directamente con la inyección de gas. El Gobierno de entonces intentó anular la indemnización millonaria por la vía del decreto, pero los tribunales dieron la razón a la empresa y el Estado acabó pagando 1.350 millones de euros, una cantidad que los bancos que financiaron el proyecto cobraron tras la anulación del mecanismo original.

El agujero económico se ha enquistado mientras el contexto geopolítico ha vuelto a poner sobre la mesa la seguridad de suministro. Con el estrecho de Ormuz bloqueado de facto desde febrero de 2026 y España dependiendo de Argelia para la mayor parte de su gas, la instalación inactiva representa un recordatorio costoso de una mala decisión. Aunque la capacidad de regasificación española cubre la demanda incluso en escenarios extremos, el país sigue asumiendo el coste de un proyecto que nació obsoleto, se paró por riesgo sísmico y ahora se desmonta por fases con sobrecostes que se suman a la deuda que los hogares pagan en sus facturas.

La gestión del caso ha dejado un reguero de responsabilidades difusas: ningún político fue imputado por la falta de evaluación del riesgo, el proceso penal contra los técnicos se archivó y la cláusula contractual que blindaba a la empresa fue calificada de "abusiva" pero se cumplió igualmente. Mientras tanto, la instalación sigue generando gastos de mantenimiento y el calendario de desmantelamiento se incumple una y otra vez, prolongando un lastre que ya forma parte de la factura energética del país.

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