CNM acelera evaluación de siete jueces de la Suprema y convoca a presentar objeciones

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aceleró el proceso de evaluación de siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convocó a los interesados a presentar objeciones, en un contexto marcado por la negativa de cuatro magistrados, encabezados por el presidente del tribunal, Luis Henry Molina, a someterse a dicha revisión. La decisión de los jueces Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, junto a Molina, ha abierto un frente de tensión institucional que enfrenta al Poder Judicial con el órgano de supervisión constitucional.

El CNM, integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, tiene la atribución de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte como paso previo a su ratificación o remoción. La negativa de los magistrados a participar en este proceso no solo desafía el mandato del Consejo, sino que también coloca sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega la independencia judicial frente al control externo de rendición de cuentas? Para los lectores, este conflicto no es un asunto menor, pues define el equilibrio de poderes y la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos dominicanos.

La postura de los jueces ha sido interpretada por sectores jurídicos como un intento de blindar la carrera judicial frente a lo que consideran una intromisión política. Sin embargo, desde el CNM se insiste en que la evaluación es un requisito indispensable para garantizar la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de la justicia. Este choque de visiones refleja una disputa más amplia sobre los mecanismos de control y la autonomía del sistema judicial, un debate que ha cobrado fuerza en la región latinoamericana, donde la independencia judicial es un indicador clave de salud democrática.

La convocatoria a presentar objeciones, en este contexto, adquiere una relevancia particular. No se trata únicamente de un trámite administrativo, sino de una oportunidad para que la ciudadanía y los actores del sistema de justicia expresen su posición sobre el desempeño de los magistrados. No obstante, la negativa de cuatro de los siete jueces evaluados podría dejar en entredicho la legitimidad del proceso, si el CNM decide continuar sin su participación o si, por el contrario, opta por sancionar la rebeldía de los magistrados.

Los colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el precedente que esta acción podría sentar. Si los jueces logran evadir la evaluación sin consecuencias, se debilitaría el principio de rendición de cuentas que sustenta la confianza pública en el sistema judicial. Por otro lado, si el CNM actúa con mano dura, podría profundizar la percepción de que el órgano de supervisión busca subordinar al Poder Judicial a intereses políticos. En ambos escenarios, el riesgo de erosión institucional es alto.

En los próximos días será clave observar cómo el CNM maneja la resistencia de los magistrados, si las objeciones presentadas por la ciudadanía influyen en la decisión final, y si la Suprema Corte, como institución, respalda o distancia de la postura de su presidente. También habrá que vigilar la reacción de los partidos políticos y de los organismos internacionales que siguen de cerca el desempeño del sistema de justicia dominicano. Lo que está en juego no es solo el futuro de siete jueces, sino la credibilidad de un sistema que debe garantizar igualdad ante la ley.

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