Senado en llamas: suspenden a empresas de legisladores como proveedores del Estado
Suspensión del RPE a empresas de senadores sacude el Congreso; legisladores debaten legalidad vs. oportunidad política.
La suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 11 empresas vinculadas a 10 senadores ha generado un intenso debate en el Congreso dominicano, donde legisladores defienden la medida como un acto administrativo de cumplimiento legal, mientras cuestionan la oportunidad de su divulgación pública.
La decisión, adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), responde a la entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, que eliminó la excepción que permitía a legisladores y funcionarios mantener participación en empresas proveedoras del Estado. El presidente del Senado, Ricardo De los Santos, calificó la suspensión como una "simple notificación administrativa" y aseguró que no constituye una sanción, aunque expresó reservas sobre la difusión del caso en este momento.
De los Santos sostuvo que ninguno de los legisladores señalados mantiene contrataciones vigentes con el Estado y que, en varios casos, su participación accionaria en esas empresas es del pasado. En tanto, el senador Antonio Marte, uno de los notificados, afirmó que desde 2020 el Senado les informó sobre las restricciones para participar en licitaciones públicas y reiteró que sus empresas no realizan ventas al Estado dominicano.
La diputada Soraya Suárez consideró que la medida no debe generar alarmas, al tratarse del cumplimiento de lo establecido en la Constitución, que prohíbe a funcionarios y cargos de elección popular ser contratistas del Estado. "Es solo un cumplimiento de la ley, con lo que estamos completamente de acuerdo", expresó, al tiempo que señaló que, de haberse producido irregularidades, también habría responsabilidad de las instituciones que lo permitieron.
La DGCP explicó que la suspensión fue aplicada de oficio el pasado 19 de junio, tras vencer el plazo para que los funcionarios solicitaran voluntariamente la baja de sus registros. La entidad precisó que la medida es de naturaleza preventiva y administrativa, y que durante este año ha suspendido 81 registros de proveedores vinculados a funcionarios electos y designados, en cumplimiento de la nueva legislación.
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