La nómina pública en RD: ¿Cuántos empleados tiene realmente el Estado?

La nómina pública dominicana vuelve a estar en el centro del debate después de que el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, negara haber declarado que el Estado desconoce el número exacto de sus empleados, pese a que un audio difundido por medios locales lo muestra admitiendo que “no sabemos cuántos empleados tiene el Estado”. La controversia no es menor: toca uno de los talones de Aquiles de la gestión pública en República Dominicana, donde la falta de datos precisos sobre la fuerza laboral estatal ha sido históricamente una fuente de opacidad y de sospecha sobre el uso de los recursos públicos.

El episodio se remonta al 29 de julio pasado, cuando Freund participó en un acto público y, según el audio que circula, afirmó que “no existe un dato preciso, sino aproximados” sobre la cantidad de servidores públicos. Días después, ante la repercusión de sus palabras, el funcionario emitió un comunicado en sus redes sociales asegurando que sus expresiones fueron “sacadas de contexto” y que su gestión ha trabajado en la depuración del registro de servidores públicos. Sin embargo, la evidencia sonora contradice la versión oficial, lo que ha generado un clima de desconfianza entre sectores que siguen de cerca la transparencia gubernamental.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) es la entidad responsable de coordinar y supervisar el empleo público en el país. Que su máximo titular reconozca, aunque sea de manera informal, que no se tiene un censo exacto de los empleados del Estado revela una debilidad estructural que trasciende gestiones particulares. Durante décadas, la nómina estatal ha crecido de manera dispersa, con contrataciones que no siempre pasan por los canales formales y con registros que no se actualizan con la velocidad necesaria. Esto no solo dificulta la planificación, sino que abre espacio para prácticas como el clientelismo y el sobredimensionamiento de ciertas instituciones.

La controversia ocurre en un momento políticamente sensible. El presidente Luis Abinader ha prometido, desde su campaña, una reducción de la burocracia y una mayor eficiencia del gasto público. En ese marco, el Gobierno impulsa reformas administrativas y ha señalado la necesidad de transparentar la nómina estatal, que según estimaciones externas supera los 700,000 empleados. Esa cifra, si se confirma, representaría una carga significativa para el presupuesto nacional y explica el interés de organismos internacionales y de la sociedad civil en conocer los números reales.

Organizaciones civiles han exigido al MAP publicar cifras verificables y un calendario claro para la depuración del registro de servidores públicos. La demanda no es nueva, pero la declaración de Freund le ha dado un nuevo impulso. Para el ciudadano común, la discusión tiene un impacto directo: cada empleado público que no corresponde a una necesidad real de servicio es un peso que se traduce en impuestos, deuda o recortes en otras áreas como salud o educación. La transparencia en la nómina no es un tema técnico, sino una medida de justicia fiscal.

De aquí en adelante, conviene observar si el MAP publica datos concretos y actualizados, si el presidente Abinader respalda o matiza las declaraciones de su ministro, y si la sociedad civil logra convertir esta controversia en un mecanismo de rendición de cuentas efectivo. La promesa de reducir la burocracia no puede sostenerse sobre cifras aproximadas. En un Estado moderno, saber cuántos empleados tiene es el primer paso para saber qué hace cada uno y cuánto cuesta.

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