Niñas y adolescentes en RD: la crisis silenciosa que urge acción estatal

La cibertrata se ha convertido en una de las principales amenazas para las niñas y adolescentes en República Dominicana, donde las plataformas digitales son utilizadas por redes criminales para captar víctimas mediante engaños y manipulación, según alertó la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas. Esta advertencia, realizada en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas conmemorado el pasado 30 de julio, revela una crisis silenciosa que exige una respuesta estatal inmediata y coordinada.

Los datos presentados por las autoridades dominicanas son alarmantes. Un estudio reciente de Save the Children Dominicana en comunidades vulnerables evidenció que una de cada tres niñas y adolescentes ha interactuado con desconocidos en línea, mientras que una de cada cinco recibió contenido sexual no solicitado. Más preocupante aún: dos de cada cinco fueron invitadas a encuentros presenciales a cambio de dinero o regalos, una táctica clásica de los tratantes para establecer contacto físico con posibles víctimas.

Los especialistas señalan que las redes sociales, los videojuegos en línea y las aplicaciones de mensajería han multiplicado las oportunidades para que los tratantes identifiquen y manipulen a nuevas víctimas. La pandemia aceleró la digitalización de la vida cotidiana, especialmente entre los menores, quienes pasan más tiempo conectados sin supervisión adulta. Sin embargo, los expertos insisten en que la tecnología no ha creado estas violencias, sino que ha amplificado las que ya existían en una sociedad que ha normalizado durante demasiado tiempo las distintas formas de abuso contra niñas y adolescentes.

La violencia contra este sector de la población está estrechamente vinculada a la desigualdad de género, la exclusión social y la persistencia de normas discriminatorias. En República Dominicana, las niñas que viven en condiciones de pobreza o en hogares disfuncionales son particularmente vulnerables, pues la necesidad económica las expone a la explotación. La falta de educación sexual integral y de programas de alfabetización digital agrava el riesgo, dejando a muchas menores sin herramientas para identificar señales de peligro en el entorno virtual.

Los expertos insisten en que la protección infantil debe construirse desde la igualdad y el respeto a los derechos de la niñez, no cuando ocurre un delito, sino mucho antes, mediante un compromiso colectivo para erradicar todas las formas de violencia que históricamente han sido toleradas. Esto implica fortalecer los mecanismos de denuncia, capacitar a docentes y familias, y establecer protocolos claros de actuación para las plataformas digitales que operan en el país.

La respuesta estatal no puede limitarse a campañas de concientización. Se requiere una inversión sostenida en prevención, atención integral a víctimas y persecución efectiva de las redes criminales. La ciudadanía también tiene un rol fundamental: estar atenta a los cambios de comportamiento de las menores, supervisar su actividad en línea y denunciar cualquier indicio de explotación. La cibertrata no es un problema lejano; ocurre en los hogares, escuelas y comunidades dominicanas, y su erradicación demanda una acción conjunta que trascienda las declaraciones institucionales.

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