Señales de colapso en el seguro de salud dominicano: el diagnóstico de Senasa
Caso Senasa se intensifica: nuevos allanamientos y arrestos apuntan ahora a médicos y farmacéuticos en una trama que ya dura 15 meses.
El caso Senasa escaló este viernes con una nueva jornada de allanamientos y arrestos que colocó a médicos y farmacéuticos en el centro del proceso judicial, desplazando de la agenda mediática temas como el triunfo deportivo de Marileidy Paulino y el reciente aumento de los combustibles. La investigación, que se extiende por quince meses, avanza ahora hacia actores del sector salud que hasta hace poco aparecían como denunciantes de la crisis financiera y de gobernanza del Seguro Nacional de Salud.
El origen del expediente se remonta a una denuncia del Partido Fuerza del Pueblo sobre presuntas irregularidades en la gestión del Senasa bajo la dirección de Santiago Hazim. A lo largo del proceso, el Colegio Médico Dominicano advirtió sobre atrasos en los pagos de las ARS a los galenos, mientras la entidad suspendió y luego reinició de forma gradual el servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Esos dos frentes —pagos a prestadores y suministro de fármacos— son los indicadores más visibles del impacto que una crisis de gobernanza en el seguro público puede tener sobre pacientes y profesionales de la salud.
La Cámara de Cuentas completó una auditoría sobre la institución y, mediante el decreto 461-25, el presidente Luis Abinader designó a Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director del Senasa en sustitución de Hazim. Posteriormente, el mandatario dispuso el envío de un informe con irregularidades a la Procuraduría General y pidió esperar los resultados de la actuación del Ministerio Público. Hazim defendió su gestión alegando que protegió el sistema de salud pública, pero fue arrestado tras ser interrogado junto a otras seis personas.
En la jornada más reciente, el Ministerio Público ejecutó múltiples allanamientos y apresó a 28 personas en el denominado caso Senasa 2.0. Abogados confirmaron la detención de varios médicos y farmacéuticos, lo que amplía el universo de imputados más allá de la cúpula administrativa y apunta a posibles ramificaciones en la cadena de prestación de servicios y dispensación de medicamentos. El presidente Abinader manifestó que “nuestro deseo es que se llegue y que se profundice” en las investigaciones.
Para los afiliados al seguro público, la clave está en observar si la judicialización del caso se traduce en una interrupción de servicios o en una depuración de los procesos de contratación y pago. La magnitud de los arrestos sugiere que el Ministerio Público está reconstruyendo el flujo financiero y administrativo de la entidad, lo que podría derivar en nuevas imputaciones o en la revisión de contratos con clínicas, farmacias y proveedores. También conviene seguir el ritmo de los pagos a los prestadores, porque de ello depende la sostenibilidad operativa del sistema.
El desenlace de este expediente tiene implicaciones que trascienden lo judicial: define la confianza en una institución que administra recursos de salud de miles de dominicanos y pone a prueba la capacidad del Estado para separar la gestión técnica de las disputas políticas. La evolución de las medidas de coerción, las respuestas de los implicados y la reacción de los gremios médicos serán los próximos indicadores a monitorear.
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