OEA insta a acción conjunta de países frente a Nicaragua

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este jueves a los países miembros a "tomar medidas colectivamente" contra Nicaragua, un día después de que se conociera el cierre de la embajada nicaragüense en República Dominicana, en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales entre Santo Domingo y Managua.

La tensión entre ambos gobiernos se agudizó luego de que República Dominicana cuestionara las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre las elecciones y defendiera el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano confirmó esta semana que tomó nota de la decisión de Ortega de cerrar su sede diplomática en Santo Domingo, aunque mantiene abierta su embajada en Managua bajo un encargado de negocios interino. La embajadora dominicana, Acsamary Guzmán Nina, fue llamada a consultas el pasado 23 de julio.

La OEA eleva ahora la presión regional después de que la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el sandinismo, prohibiera la participación electoral de personas calificadas como "traidores a la patria", una medida que impediría competir a sectores de la oposición. "Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable", declaró Ramdin, quien anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar la situación, posiblemente después de la Asamblea General de la ONU prevista para finales de septiembre.

Ramdin abogó por "acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión sobre el Gobierno de Nicaragua", con el objetivo de abrir eventualmente un proceso de diálogo. La OEA no tiene capacidad directa para imponer sanciones económicas, por lo que cualquier medida de ese tipo tendría que ser aplicada individualmente por sus Estados miembros. Nicaragua, además, abandonó formalmente la organización en noviembre de 2023. Estados Unidos ha incrementado durante este año la presión sobre Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, mediante sanciones económicas.

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