Ningún acento justifica violar la ley en República Dominicana

El debate sobre la fiscalización del comercio chino en República Dominicana no gira en torno a expulsiones ni prejuicios étnicos, sino a la aplicación equitativa de las leyes, según un análisis que exige investigar denuncias laborales, tributarias y de permisos sin excepciones. La tesis central es sencilla: las mismas reglas que rigen al comercio dominicano deben regir a los comerciantes chinos, sin descuentos ni reverencias. No se trata de señalar a un colectivo, sino de verificar si el cumplimiento normativo es real en todos los casos.

El punto de partida son las denuncias que circulan sobre jornadas abusivas, salarios bajos y empleados que apenas hablan español. Frente a ese tipo de señalamientos, el análisis plantea una obligación institucional: investigar, no prejuzgar. La diferencia es importante. Prejuzgar implica condenar por origen o apariencia; investigar implica activar los mecanismos de inspección que ya existen para cualquier actividad comercial y determinar, con evidencia, si hay o no incumplimientos. En un Estado de derecho, la respuesta a una denuncia no es el silencio ni el estigma, sino la verificación.

El texto también menciona que Industria y Comercio anunció la incautación de mercancías prohibidas, un recordatorio de que el respeto a las marcas es parte de las leyes nacionales. Ese detalle conecta con un principio más amplio: la propiedad intelectual y las normas de comercio no son opcionales ni dependen de la nacionalidad del comerciante. Si un producto infringe una marca registrada, la ley aplica igual para todos. Lo mismo ocurre con las facturas fiscales y las registradoras autorizadas por la DGII, cuya abundancia real conviene contrastar con la de los precios milagrosos que a veces se ofrecen al público.

Otro eje del análisis es la rapidez con que se levantan megacentros comerciales. La pregunta es si esos proyectos cuentan con permisos de construcción, uso de suelo y autorizaciones ambientales debidamente verificados. No se trata de una sospecha étnica, sino de una asimetría conocida: al empresario dominicano suelen imponerle trámites engorrosos, mientras que algunos grandes capitales parecen moverse con mayor facilidad. Exigir los mismos papeles a todos no es hostilidad; es corregir una desigualdad que distorsiona la competencia.

La igualdad ante la ley no es xenofobia. Fiscalizar a todos por igual es institucionalidad. Nadie pide cerrar puertas ni expulsar comerciantes, sino abrir libros, revisar nóminas, verificar permisos y cobrar impuestos. Cumplir la ley no debería depender del acento, el pasaporte o la caligrafía. Para entender estas cuestiones no hace falta hablar chino, sino que las autoridades actúen con la misma vara para todos. Ese es el estándar que una democracia seria no puede negociar.

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