Llarena retira la orden de detención contra Puigdemont, pero el expresident no volverá hasta que se consume la amnistía
El instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. La decisión llega después de que el Tribunal Constitucional haya respaldado que la amnistía cubre también los delitos de malversación por los que estaba siendo investigado el expresident.
Sin embargo, la medida no implica su regreso inmediato: Puigdemont ha decidido no viajar a España hasta que la amnistía se le aplique de forma efectiva y el procedimiento judicial quede archivado. La resolución de Llarena supone un giro relevante en la causa del procés.
El magistrado considera que, tras el pronunciamiento del TC, decae el fundamento de la orden de busca y captura nacional que mantenía vigente contra el líder independentista. El Constitucional ha avalado que la malversación del procés queda dentro de la ley de amnistía al no apreciar un enriquecimiento personal que excluya su aplicación.
Con ese criterio, el instructor ha retirado la orden de detención, aunque mantiene la causa abierta a la espera de concretar todos los efectos de la norma. Fuentes del entorno de Puigdemont han confirmado que el expresident no tiene previsto regresar por ahora.
Su decisión no responde a la orden de detención ya levantada, sino a la falta de una aplicación completa de la amnistía y al hecho de que el procedimiento sigue sin archivarse. El líder de Junts quiere evitar un retorno condicionado por incertidumbres judiciales y exige que su situación procesal quede resuelta antes de pisar suelo español.
Su regreso, insisten, se producirá cuando la amnistía sea efectiva y el caso esté cerrado. La medida de Llarena se produce en un contexto de máxima tensión política y jurídica.
La amnistía sigue siendo objeto de recursos y de interpretaciones dispares entre los tribunales, mientras el independentismo reclama que su aplicación sea rápida e íntegra. Para el Gobierno, el aval del TC refuerza la legalidad de la norma; para la oposición, supone un nuevo cuestionamiento del Estado de derecho.
En este escenario, la retirada de la orden de detención no cierra el caso, sino que abre un nuevo capítulo: Puigdemont ya no tiene una orden de captura nacional, pero su regreso sigue pendiente de que la justicia dé el paso definitivo.
