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La seguridad social en la República Dominicana ha alcanzado un punto crítico 25 años después de la implementación de la Ley 87-01. Según el economista Arismendi Díaz Santana, el sistema ha dejado de servir a su principal objetivo: proteger a los afiliados. En una entrevista reciente, Santana expresó su preocupación por la situación, señalando que los trabajadores dominicanos no están recibiendo el beneficio esperado en términos de pensiones y servicios de salud.

La acumulación de recursos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otros actores financieros no ha sido suficiente para garantizar pensiones dignas y servicios de salud accesibles a la mayoría de los trabajadores. La informalidad laboral, que afecta a una parte importante de la población, ha agravado el problema, dejando a millones de personas sin protección y sin posibilidades reales de retiro digno.

La seguridad social en la República Dominicana se ha convertido en un sistema que funciona bien para recaudar, pero no necesariamente para proteger a los afiliados. Esto ha llevado a una situación en la que la reforma de la seguridad social no puede seguir posponiéndose. Se requiere una legislación que coloque al ciudadano en el centro del sistema, fortalezca la supervisión pública y garantice mayor equidad en la distribución de los recursos.

La reforma de la seguridad social no debe ser una disputa entre intereses corporativos, sino un compromiso con la dignidad humana. Es hora de que el sistema de seguridad social en la República Dominicana se centre en la protección y el bienestar de los ciudadanos, en lugar de priorizar los intereses de los actores financieros.

La situación actual es un llamado a la acción para que el gobierno y los actores involucrados en la seguridad social trabajen juntos para encontrar soluciones efectivas. La implementación de una reforma que priorice la protección de los trabajadores y la garantía de pensiones dignas y servicios de salud accesibles es esencial para garantizar la estabilidad social y económica del país.

En resumen, la seguridad social en la República Dominicana está en una situación crítica que requiere una reforma urgente. La implementación de una legislación que coloque al ciudadano en el centro del sistema, fortalezca la supervisión pública y garantice mayor equidad en la distribución de los recursos es esencial para garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos.

La reforma de la seguridad social no debe ser una tarea fácil, pero es esencial para garantizar la estabilidad social y económica del país. Es hora de que los actores involucrados en la seguridad social trabajen juntos para encontrar soluciones efectivas y garantizar que el sistema de seguridad social en la República Dominicana sea justo y equitativo para todos.

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