La ley castiga duramente a los mayores que permiten que un menor cometa un crimen
“¿Cuánto vale la vida de un adolescente? La muerte en custodia de una joven de 14 años desafía los límites de la justicia juvenil en República Dominicana.”
La muerte de una adolescente de 14 años bajo custodia en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) ha levantado preocupaciones sobre los límites de la persecución penal juvenil en la República Dominicana. La Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que la sanción máxima que puede imponerse a un menor de edad es de ocho años de prisión.
La legislación divide a los adolescentes en dos grupos etarios para la imposición de penas, dependiendo de su edad. Los menores de 13 años no son penalmente imputables, mientras que aquellos con entre 13 y 15 años pueden ser sentenciados a entre uno y cinco años de prisión. Por otro lado, los adolescentes entre 16 y 18 años pueden recibir una pena de entre uno a ocho años de prisión. La sanción de privación de libertad está reservada para los delitos de mayor gravedad.
En el caso de la adolescente fallecida, la investigación ha revelado que podría haber sido ahorcada. Los parientes de la menor han exigido una respuesta a las autoridades y han expresado su deseo de conocer la medida cautelar contra tres menores que están siendo investigados por su muerte.
La privación provisional de libertad constituye la sanción preventiva más severa y tiene carácter excepcional. Según la Ley 136-03, modificada por la Ley 106-13, puede extenderse por un máximo de cuatro meses mientras se desarrolla el proceso investigativo. Si el Ministerio Público considera que existen razones para prolongarla, deberá solicitar una prórroga ante el juez, quien podrá autorizar hasta dos meses adicionales tras evaluar las circunstancias del caso.
Una vez presentada la acusación, el tribunal dispondrá de un máximo de 15 días para convocar a las partes, celebrar la audiencia preliminar y emitir una decisión sobre la continuación del proceso. Si el expediente es enviado a juicio de fondo y se mantiene la privación de libertad, el juez deberá celebrar la audiencia en un plazo máximo de 30 días y dictar una sentencia de primera instancia.
En el centro del Conani en Guerra, donde murió la adolescente, se acogen menores con casos complejos de conducta. La institución ha tomado medidas para suspender al personal del centro donde ocurrió el incidente.
La Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes podrá mantener la medida mientras conoce el recurso, aunque por un período que no podrá exceder los 30 días. La muerte de la adolescente ha llevado a una reflexión sobre la protección y los derechos de los menores en la República Dominicana.
Fuente original: consultar publicación original.
