La brecha que pone en riesgo al mercado inmobiliario en República Dominicana

La República Dominicana se ha afianzado como uno de los principales polos turísticos del Caribe y, en paralelo, su negocio inmobiliario ha alcanzado un volumen de miles de millones de dólares al año. Ese crecimiento, sin embargo, convive con una debilidad estructural: la ausencia de una ley específica que regule la intermediación y ordene un sector cada vez más complejo.

En la práctica, cualquier persona puede presentarse como corredor de bienes raíces, ofertar inmuebles con promesas difíciles de verificar y percibir comisiones sin supervisión de una autoridad competente. Esa falta de controles ha dejado espacio para fraudes, sobrevaloraciones y conflictos que terminan afectando tanto a compradores como a vendedores.

Un mercado inmobiliario sólido necesita intermediarios certificados, reglas claras y responsabilidad profesional. Por eso, una ley de intermediación y corretaje inmobiliario debería contemplar un registro público y obligatorio de agentes habilitados, además de exigir formación básica y actualización permanente para ejercer con garantías.

La normativa también tendría que definir con precisión los contratos de mediación y establecer límites éticos a la publicidad de inmuebles, con el fin de reducir prácticas engañosas y dar mayor seguridad jurídica a las transacciones. Con ese marco, el sector podría operar con mayor transparencia y eficiencia.

Los efectos serían inmediatos en la confianza del mercado. La inversión extranjera, que ya se dirige con fuerza hacia Punta Cana y otros destinos turísticos del país, encontraría un entorno más previsible y seguro. A la vez, el turismo residencial ganaría credibilidad internacional y los profesionales que trabajan de forma honesta competirían en condiciones más justas.

España, México y Colombia llevan años aplicando legislaciones sectoriales que han contribuido a ordenar sus mercados y a elevar los estándares de la profesión. La República Dominicana tiene ahora la oportunidad de seguir ese camino. El Congreso Nacional dispone de una ocasión decisiva para transformar un escenario disperso en uno transparente, competitivo y confiable, como reclaman el turismo, la inversión y los ciudadanos.

Fuente original: consultar publicación original.