Inteligencia artificial: ¿Puede algoritmo decidir nuestros derechos?

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa del futuro para convertirse en una realidad del presente.

Cada día es más utilizada por empresas, universidades, entidades financieras y gobiernos para agilizar procesos, analizar grandes cantidades de información y apoyar la toma de decisiones.

Su capacidad para aumentar la eficiencia y reducir costos resulta indiscutible. Sin embargo, junto con sus ventajas también surgen importantes interrogantes jurídicas que no pueden ser ignoradas.

Una de las preguntas más relevantes de nuestro tiempo es si la inteligencia artificial puede intervenir en decisiones que afectan directamente los derechos de los ciudadanos.

Más aún, si nuestro ordenamiento jurídico está preparado para enfrentar los desafíos que plantea la utilización de estas tecnologías dentro de la Administración Pública.

Imaginemos por un momento que una institución pública utiliza un sistema de inteligencia artificial para determinar quién tiene derecho a recibir una ayuda social, una pensión, una licencia, un permiso o cualquier otro beneficio administrativo.

Imaginemos también que dicho sistema rechaza una solicitud. ¿Quién explica las razones de esa decisión?

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