Instalaciones de Juegos 2026: prevención y fondos, el reto para no repetir el abandono

El legado de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no se medirá solo por las medallas, sino por la capacidad de las 16 instalaciones deportivas, construidas y remodeladas con una inversión estatal de aproximadamente US$160 millones, de seguir generando beneficios sociales y económicos para el país después de la clausura del evento, prevista para el próximo 8 de agosto. La pregunta que ronda a planificadores urbanos, dirigentes deportivos y contribuyentes es si estos recintos tendrán una segunda vida productiva o repetirán el triste patrón de abandono que ha afectado a otras infraestructuras emblemáticas en la región.

El desafío principal que enfrentan las autoridades dominicanas es evitar que estos recintos, que representan una de las mayores apuestas de infraestructura deportiva en la historia reciente del país, se conviertan en elefantes blancos. La planificación a largo plazo debe contemplar el uso continuo de estos espacios por parte de atletas, federaciones deportivas y la comunidad en general, así como su integración a proyectos de desarrollo urbano y turístico. No basta con inaugurar obras imponentes; se requiere un modelo de gestión que garantice su operatividad y mantenimiento en el tiempo, un aspecto que suele ser el talón de Aquiles de los grandes eventos multideportivos.

La experiencia internacional demuestra que el éxito de un evento multideportivo no depende únicamente de la organización durante las competencias, sino de la sostenibilidad de sus instalaciones. Ciudades como Barcelona (1992), Sídney (2000) o Lima (2019) han logrado transformar sus sedes en polos de desarrollo, mientras que otras han visto cómo sus estadios y villas deportivas se deterioraban por falta de uso y financiamiento. En ese sentido, la gestión post-juegos deberá priorizar la creación de programas de mantenimiento, la atracción de eventos internacionales y la apertura de estos espacios a la práctica deportiva masiva, garantizando así que la inversión pública tenga un retorno tangible para la sociedad dominicana.

Un aspecto clave será la definición de una gobernanza clara: ¿qué institución administrará los recintos una vez concluya el evento? ¿Existirá un fideicomiso o una unidad especializada que asegure presupuesto plurianual para su conservación? Estas decisiones administrativas, aunque poco visibles para el público, determinarán si los espacios se convierten en centros de alto rendimiento, sedes de ligas profesionales o parques recreativos abiertos a la ciudadanía. La falta de claridad en este punto ha sido históricamente el primer paso hacia el deterioro.

Para el ciudadano común, el impacto de esta gestión se traducirá en oportunidades concretas: acceso a instalaciones de calidad para la práctica deportiva, generación de empleos indirectos en zonas aledañas, dinamización del comercio local y posible atracción de turismo deportivo. Para el atleta de base, significará la diferencia entre entrenar en condiciones óptimas o ver cómo se desvanecen los sueños de competir en escenarios dignos. Para el contribuyente, será la prueba de que los US$160 millones invertidos no fueron un gasto efímero, sino una apuesta al desarrollo sostenible.

Los próximos meses posteriores a los Juegos serán cruciales. La ciudadanía deberá observar con lupa tres elementos: la rapidez con que se implementen los planes de uso post-evento, la transparencia en la asignación de fondos para mantenimiento y la capacidad de las autoridades para atraer competencias internacionales que justifiquen la inversión. La historia regional está llena de ejemplos de instalaciones que brillaron durante una semana y quedaron en el olvido. Santo Domingo 2026 tiene la oportunidad de escribir una historia diferente, pero el tiempo y la voluntad política dirán si el legado será de hormigón o de vida comunitaria.

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