Geriátrico Carl Georg sigue sin respuestas: ancianos en espera del cumplimiento de Abinader

“Lo que para ustedes es mucho, para nosotros es nada”, prometió Luis Abinader en abril de 2020, comprometiéndose a construir una rampa de acceso en el Residencial Geriátrico Dr. Carl Georg, en San Pedro de Macorís, como parte de su agenda social durante la campaña electoral. El entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) visitó el centro de cuidado para adultos mayores y, ante residentes y personal, aseguró que la obra sería una prioridad de su gestión. La promesa, registrada en un video que circula en redes sociales, contrasta con la situación actual del hogar, que aún carece de la infraestructura necesaria para garantizar la movilidad de sus envejecientes.

A más de cuatro años de aquellas declaraciones, la rampa sigue sin construirse, y el centro geriátrico continúa operando con limitaciones para personas con discapacidad o dificultades de desplazamiento. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución dominicana y en convenios internacionales suscritos por el Estado, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece la obligación de garantizar entornos accesibles y seguros para este segmento poblacional.

El caso del Geriátrico Carl Georg no es un hecho aislado. En República Dominicana, la infraestructura pública y privada destinada al cuidado de adultos mayores enfrenta rezagos significativos en materia de accesibilidad, un tema que cobra mayor relevancia en un país donde el envejecimiento poblacional avanza de forma sostenida. Según proyecciones oficiales, se estima que para 2030 la cantidad de personas mayores de 60 años superará el millón, lo que hace urgente adecuar los espacios existentes y planificar nuevos centros bajo estándares inclusivos.

Vecinos y familiares de los residentes han reiterado su reclamo, recordando que la accesibilidad es un derecho fundamental y no un favor político. La demora en el cumplimiento de esta promesa también plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de los compromisos asumidos en campaña, así como sobre la prioridad que la administración actual otorga a las políticas de cuidado y bienestar de la población envejeciente, un sector que históricamente ha sido marginado de las agendas públicas.

El caso refleja un patrón recurrente en la política dominicana: promesas hechas en campaña que quedan en el olvido una vez alcanzado el poder. Sin embargo, también evidencia la capacidad de la ciudadanía y de los familiares de los afectados para mantener vigente un reclamo legítimo mediante el uso de herramientas como las redes sociales, que en este caso han servido para documentar y difundir el incumplimiento. La presión social y el escrutinio público se convierten, así, en un contrapeso necesario frente a la lentitud de la burocracia estatal.

Mientras tanto, los adultos mayores de San Pedro de Macorís esperan que la palabra empeñada se convierta en realidad, aunque el tiempo transcurrido sugiera lo contrario. La construcción de una rampa no es, en sí misma, una obra de gran envergadura, pero su ausencia simboliza una deuda más amplia del Estado con quienes dedicaron su vida al país y hoy requieren condiciones dignas para transitar su vejez. La pregunta que queda en el aire es cuántas promesas más deberán esperar los envejecientes dominicanos para que sus necesidades básicas sean atendidas con la urgencia que merecen.

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