Fiscal Aurelio Valdez Alcántara deja el Ministerio Público con renuncia sorpresiva

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara renunció como miembro del Ministerio Público tras ser imputado por recibir un soborno de 10,000 dólares, lo que traslada su proceso penal a la jurisdicción ordinaria. Valdez Alcántara, quien formaba parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), es señalado de extorsionar a un testigo del caso de fraude al Senasa para exigirle recursos y bienes. La renuncia fue confirmada por su abogado, Valentín Medrano, y por el procurador de corte Eduardo Velázquez.

La dimisión tiene un efecto procesal inmediato: al dejar de ser miembro del Ministerio Público, Valdez Alcántara pierde el fuero que lo remitía a la jurisdicción privilegiada. Por esa razón, su caso pasa de la Corte de Apelación, donde se inició, a un tribunal de primera instancia. Este cambio no es un detalle menor, pues altera la ruta que seguirá el expediente y el tribunal competente para conocerlo.

La acusación en su contra, depositada en agosto ante la Corte de Apelación, será conocida ahora en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional a partir del 5 de octubre, fecha fijada para la primera audiencia, según Velázquez. En la jurisdicción ordinaria, el proceso deberá recorrer todas las instancias judiciales, comenzando por los tribunales de primer grado, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción privilegiada.

Para los lectores, conviene entender qué implica ese tránsito. La jurisdicción privilegiada está reservada a determinados funcionarios y se activa por razón del cargo; cuando la persona deja la función, el caso retorna al sistema común. Eso significa que el expediente deberá agotar etapas sucesivas —instrucción, juicio y eventuales recursos— ante jueces ordinarios, lo que puede extender los plazos y multiplicar las audiencias.

El caso también pone bajo escrutinio la conducta de un integrante de la Pepca, la unidad del Ministerio Público encargada precisamente de perseguir la corrupción administrativa. La imputación por soborno y extorsión a un testigo de un proceso por fraude al Senasa añade una dimensión sensible: si se confirma, no solo afectaría a un fiscal, sino a la credibilidad de una estructura llamada a proteger la integridad de las investigaciones.

Con la renuncia ya confirmada, la atención se centra en la audiencia del 5 de octubre en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Será la primera oportunidad para que el Ministerio Público presente formalmente la acusación y para que la defensa, representada por Valentín Medrano, exponga su posición. A partir de ahí, el caso entrará en la dinámica ordinaria de la justicia penal dominicana.

Fuente original: consultar publicación original.