El riesgo de vacío que pone en jaque al mercado inmobiliario en República Dominicana
“Descubre cómo la falta de regulación en el mercado inmobiliario dominicano está llevando a compradores perjudicados y operaciones poco transparentes. ¿Un…
La República Dominicana se ha afianzado como uno de los destinos más atractivos del Caribe y, al mismo tiempo, ha visto expandirse con rapidez un negocio inmobiliario que mueve miles de millones de dólares cada año. Pese a ese peso económico, el sector sigue operando en gran medida sin una legislación específica que regule la intermediación y la actividad de los corredores de bienes raíces.
Ese vacío normativo ha abierto la puerta a una realidad preocupante: cualquiera puede presentarse como agente inmobiliario, promocionar propiedades con ofertas difíciles de verificar y percibir comisiones sin supervisión de una autoridad competente. En ese contexto, proliferan los casos de compradores perjudicados, operaciones poco transparentes y precios artificialmente elevados.
Un mercado inmobiliario sólido requiere intermediarios certificados y reglas claras que ordenen la competencia. Por eso, una ley de intermediación y corretaje resultaría clave para establecer un registro público y obligatorio de corredores autorizados, con exigencias mínimas de formación y mecanismos de actualización profesional permanente.
La normativa también debería definir con precisión los contratos de mediación y fijar límites éticos para la actividad comercial, de modo que se reduzcan los abusos y se fortalezca la confianza en cada transacción. El efecto de una regulación así sería inmediato en términos de seguridad jurídica y transparencia.
La inversión extranjera, que ya tiene una presencia notable en Punta Cana y otros polos turísticos del país, encontraría un entorno más confiable si existiera un marco legal capaz de proteger a los inversionistas. A la vez, el turismo residencial ganaría prestigio internacional y los profesionales que trabajan de forma honesta dejarían de competir en desventaja frente a operadores informales.
Experiencias como las de España, México o Colombia muestran que las leyes sectoriales pueden ordenar el mercado y elevar los estándares de la profesión. La República Dominicana tiene ahora la oportunidad de avanzar en esa dirección; por ello, los proyectos de ley que cursan en el Senado merecen atención, porque el turismo lo necesita, la inversión lo reclama y los ciudadanos lo esperan.
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