EEUU hunde otra nave en Ecuador ligada al crimen organizado

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación que presuntamente servía como estación flotante de reabastecimiento de combustible para la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, en aguas del Pacífico Oriental. Con esta acción, ya son cinco los barcos ecuatorianos interceptados y hundidos por fuerzas estadounidenses desde el 28 de agosto, en operativos coordinados con el Gobierno de Daniel Noboa. La creciente frecuencia de estos ataques refleja una escalada en la estrategia de Washington para golpear la logística del narcotráfico en la región, pero también ha encendido alarmas por el impacto colateral en comunidades pesqueras locales.

El contexto es clave para entender la magnitud del conflicto. Ecuador se ha convertido en un punto neurálgico para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, y Los Choneros, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, controla rutas marítimas clave desde puertos como Guayaquil y Manta. Las estaciones flotantes de combustible, como la destruida este lunes, son piezas esenciales en esa cadena: permiten que lanchas rápidas semisumergibles y otras naves menores se reabastezcan sin tener que regresar a tierra, ampliando su radio de acción en alta mar.

Sin embargo, los operativos no están exentos de controversia. Los tripulantes de las naves interceptadas han negado consistentemente cualquier vínculo con el narcotráfico, y el pasado sábado un juez ordenó la liberación de 28 pescadores detenidos en dos de estos operativos, al no hallar pruebas de delito, según el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Ese mismo día, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmaron el hundimiento del barco María Candelaria, cuyos 26 tripulantes fueron trasladados a Manta. El comando estadounidense aseguró que estos serán entregados a las autoridades locales y que continúa con "operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental".

La tensión entre seguridad y derechos humanos es el telón de fondo de esta crisis. Además de los cinco casos recientes, pescadores y familiares denuncian ataques a otras tres embarcaciones cerca de las Islas Galápagos en enero y marzo, incluido uno donde desaparecieron ocho pescadores a bordo del Fiorella. Según The Washington Post, esos incidentes habrían sido parte de una operación encubierta de la CIA, independiente de la campaña contra el narcotráfico que EE. UU. libra desde septiembre, la cual ha dejado más de doscientas muertes y decenas de naves destruidas. Estas cifras han provocado críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, que exige investigar la participación estadounidense y el posible uso excesivo de fuerza contra civiles.

Para el lector, este caso ilustra un dilema regional creciente: la cooperación militar contra el crimen organizado avanza a un ritmo más rápido que los mecanismos de rendición de cuentas y protección de derechos. Las claves a observar en los próximos días serán la respuesta del Gobierno de Noboa ante las liberaciones judiciales, si EE. UU. presenta evidencia sólida que justifique cada hundimiento, y cómo reaccionan las comunidades pesqueras, que se ven atrapadas entre ser víctimas del narcotráfico o de una guerra que no eligieron. La transparencia de las investigaciones sobre los incidentes de Galápagos y el destino de los tripulantes liberados serán indicadores fundamentales para evaluar si esta estrategia protege realmente a la población o si, por el contrario, profundiza la desconfianza en las instituciones.

Fuente original: consultar publicación original.