Alquileres turísticos bajo la lupa: Gobierno dominicano evalúa nueva regulación para plataformas digitales

El presidente Luis Abinader aseguró que el alza en el costo de la vivienda en República Dominicana responde principalmente a la dinámica de compra de propiedades, y no al auge de plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb. La declaración busca matizar un debate público que ha cobrado fuerza en los últimos meses, a medida que el encarecimiento de los inmuebles se convierte en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en zonas urbanas y turísticas.

Al ser cuestionado directamente sobre si servicios como Airbnb están presionando los precios del mercado inmobiliario local, el mandatario precisó que el impacto principal se concentra en la adquisición de propiedades, no en el arrendamiento temporal. Con esta distinción, el Gobierno intenta separar dos fenómenos que suelen mezclarse en el debate público: la especulación y demanda de compra, por un lado, y la oferta de alojamiento temporal, por el otro.

El contexto resulta relevante porque, en numerosas ciudades de la región y del mundo, la proliferación de alquileres vacacionales ha sido señalada como un factor que reduce la oferta de viviendas disponibles para residentes y eleva los precios. En República Dominicana, destinos como Punta Cana, Puerto Plata o el Distrito Nacional concentran una alta actividad de este tipo de plataformas, lo que ha generado inquietud entre sectores que piden mayor regulación para proteger el acceso a vivienda asequible.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en el marco de un encuentro con la prensa, donde abordó diversos temas de la agenda nacional. Al contextualizar las variables que inciden en el costo de los inmuebles, Abinader intenta desviar la atención de las plataformas digitales hacia otros factores estructurales, como el encarecimiento de los terrenos, los materiales de construcción y el financiamiento, así como la demanda externa de propiedades en zonas de alto valor.

Para el lector, la distinción es clave: si el problema se ubica en la compra, las políticas públicas deberían orientarse a incentivar la oferta de vivienda nueva o a regular la adquisición por parte de no residentes. Si, en cambio, se reconociera un efecto relevante de los alquileres temporales, las medidas apuntarían a limitar la cantidad de días de arrendamiento o a gravar de forma distinta estas operaciones, como ya ocurre en otras jurisdicciones del Caribe y Europa.

Conviene observar, de ahora en adelante, si el Gobierno presenta datos concretos que respalden esta posición y si se anuncian medidas específicas para contener el encarecimiento de la vivienda, un tema sensible que seguirá generando debate en un país donde el turismo es uno de los motores económicos principales y donde el acceso a techo propio se vuelve cada vez más difícil para las clases medias y trabajadoras.

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