EE. UU. y Ecuador hunden tercera lancha de Los Choneros en operativo antidrogas

El Comando Sur de Estados Unidos interceptó y hundió este jueves una nueva embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, que presuntamente servía como estación flotante de reabastecimiento para Los Choneros, la organización criminal más antigua de Ecuador. La operación, realizada en coordinación con autoridades ecuatorianas, se ejecutó "sin incidentes" y los ocupantes de la nave serán "entregados de manera segura a las autoridades ecuatorianas", según informó el Comando Sur en su cuenta de X.

Esta acción es la tercera en menos de una semana, luego de que el pasado viernes y miércoles se reportara el hundimiento de otros dos barcos vinculados al grupo delictivo, que mantiene alianzas con el Cartel de Sinaloa y ha sido designado como organización terrorista por Washington, junto a las bandas Los Lobos y Chone Killers. La frecuencia de estos operativos revela una escalada en la estrategia de interdicción marítima que, en lugar de limitarse a la captura de cargamentos, ahora apunta a desmantelar la infraestructura logística que permite a estas organizaciones operar en alta mar.

El ataque se produce justo un año después del inicio de la campaña militar estadounidense contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico latinoamericano, que ya deja un saldo de más de 220 muertos. Este balance ha encendido las alarmas sobre el costo humano de la estrategia, especialmente en una región donde la pesca artesanal y el tráfico ilegal comparten las mismas rutas marítimas, lo que dificulta distinguir entre embarcaciones de uso civil y aquellas vinculadas al crimen organizado.

Mientras tanto, la Armada de Ecuador coordina el retorno de 28 tripulantes de dos de los barcos interceptados, quienes llegarán al puerto de Manta este viernes, y ha desplegado equipos para acompañar a otros ocupantes que aún navegan en sus lanchas. La repatriación de estos hombres, cuya condición jurídica aún no ha sido precisada, será clave para evaluar si se trataba de miembros de la organización o de personas que operaban bajo coacción, un escenario que ha sido documentado en otras operaciones antidrogas en la región.

Estas acciones han generado controversia en Ecuador, donde familiares de pescadores denunciaron la desaparición de ocho tripulantes del barco Fiorella, que salió a faenar en enero. Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado investigar la presunta participación de EE. UU. en estos incidentes. Para el lector, el caso Fiorella es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico en el Pacífico no solo se mide en toneladas incautadas o embarcaciones hundidas, sino también en el impacto sobre comunidades costeras que dependen del mar para subsistir y que, en más de una ocasión, han quedado atrapadas en el fuego cruzado.

La creciente cooperación regional en seguridad no muestra señales de concluir. En los próximos días será pertinente observar si el gobierno ecuatoriano exige mayor transparencia sobre los criterios de identificación de objetivos, así como la respuesta de Washington ante las denuncias de organizaciones de derechos humanos. La eficacia de esta campaña dependerá de su capacidad para debilitar a las estructuras criminales sin erosionar la confianza de las poblaciones locales ni generar un vacío de legalidad en el mar.

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