Edesur apresa a dos hombres por colgarse ilegalmente de la red eléctrica

Dos hombres fueron detenidos este jueves en un operativo contra conexiones ilegales realizado en La Guáyiga, próximo al Merca Santo Domingo, con lo que suman siete los apresados en intervenciones de Edesur Dominicana en apenas dos días. La acción forma parte de una ofensiva más amplia de la distribuidora para combatir el fraude eléctrico, un flagelo que sigue drenando recursos del sistema y que ha llevado al Estado a transferir miles de millones de pesos para cubrir el déficit de las empresas del sector.

Según la distribuidora, los individuos fueron sorprendidos en flagrancia sobre un camión equipado con un canasto desde el que manipulaban la red eléctrica. Durante la intervención también fueron desmanteladas conexiones irregulares que abastecían varias naves de la zona, y a los detenidos se les ocuparon herramientas presuntamente utilizadas para completar las instalaciones fraudulentas. Ambos fueron trasladados al destacamento policial del kilómetro 9 de la autopista Duarte para los procedimientos legales correspondientes.

El operativo se enmarca en una ofensiva más amplia de Edesur contra el fraude eléctrico. Un día antes, cinco personas fueron detenidas en las torres Onix 19 y 20, en la avenida Lope de Vega del Distrito Nacional, luego de que técnicos retiraran conexiones directas en apartamentos sin contratos vigentes y varias personas intentaran restablecer el servicio manipulando los paneles con pinzas y alambres. Estos casos evidencian una práctica que no solo afecta las finanzas de las distribuidoras, sino que también representa un riesgo para la seguridad de quienes manipulan la infraestructura sin autorización.

Las pérdidas del sistema eléctrico siguen siendo un desafío estructural. Un informe de Hacienda señaló que las pérdidas conjuntas de las distribuidoras alcanzaron 38.7 % a marzo de 2026, con un costo estimado de 1,159.3 millones de dólares en 2024. Entre enero y mediados de junio, el Estado transfirió RD$58,836.1 millones a las distribuidoras para cubrir su déficit. Estas cifras reflejan la magnitud del problema: una parte significativa de la energía que se genera no se factura, lo que encarece el servicio para los usuarios que sí pagan y limita la capacidad de inversión en mejoras de la red.

Los operativos también han derivado en condenas: en agosto, un hombre fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por una conexión ilegal en Santo Domingo Oeste, con orden de pagar RD$1.4 millones por energía no facturada. Este precedente judicial envía una señal clara sobre las consecuencias legales del fraude, aunque el reto de fondo sigue siendo reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que afectan la sostenibilidad del sector. Para los lectores, la clave está en observar si estas intervenciones se mantienen en el tiempo y si las distribuidoras logran traducir la reducción del fraude en una mejora real del servicio y en tarifas más justas.

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