Colegio de RD condiciona clases de niño de 3 años a un corte de cabello; padre denuncia discriminación

Un padre denunció este sábado que el Centro Educativo CEILE, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, le exigió cortar el cabello a su hijo de tres años como condición para que el menor pudiera continuar asistiendo a clases, una medida que calificó como arbitraria y que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales del niño.

Igor José Maldonado explicó que el menor cursa su segundo año escolar en el centro y que, ante la advertencia de que no podría seguir asistiendo si no accedía al recorte, se vio obligado a llevarlo a la barbería para evitar que quedara fuera de las aulas. "Me siento impotente por haber tenido que tomar esa decisión, porque no es correcto que la educación de mi hijo dependa de cómo lleve el cabello", expresó el padre, visiblemente afectado por la situación.

El caso pone sobre la mesa un debate recurrente en los centros educativos dominicanos sobre los límites de los reglamentos internos frente a los derechos de los estudiantes. Si bien las instituciones tienen la facultad de establecer normas de convivencia y presentación, especialistas en derecho de familia y educación advierten que estas disposiciones deben ser razonables, proporcionales y, sobre todo, conocidas por los padres al momento de la inscripción. En este caso, Maldonado asegura que al matricular al menor no recuerda haber firmado ningún reglamento o documento que estableciera disposiciones específicas sobre el corte de cabello, lo que refuerza su cuestionamiento a la medida.

Otro aspecto que llama la atención es que la condición fue impuesta durante el segundo año de escolaridad del niño, y no al inicio de su trayectoria en el centro. Para el padre, esta decisión afecta directamente al menor y limita su derecho a la educación, un principio consagrado en la Constitución dominicana y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la educación debe ser accesible sin discriminación de ningún tipo.

La denuncia también abre un frente de preocupación para otras familias. Maldonado manifestó su inquietud por aquellos padres que pudieran enfrentar situaciones similares y advirtió que esta práctica podría representar una vulneración de derechos fundamentales, por lo que no descartó tomar acciones legales al respecto. En República Dominicana, el Ministerio de Educación ha emitido directrices en el pasado para evitar que normas estéticas o de presentación personal se conviertan en barreras para el acceso o la permanencia escolar, aunque en la práctica persisten casos como este en distintos puntos del país.

De cara a lo que viene, conviene observar si el centro educativo emite una posición oficial sobre el caso y si el padre formaliza alguna denuncia ante las autoridades competentes, como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) o el propio Ministerio de Educación. El desenlace de esta situación podría sentar un precedente sobre cómo las escuelas equilibran sus normas internas con el interés superior del niño, un principio que, según la ley dominicana, debe prevalecer en toda decisión que involucre a menores de edad.

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