Alerta en RD por venta de vehículos siniestrados tras inundaciones y choques

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) pidió que la importación de vehículos usados se incorpore de forma expresa a las acciones oficiales contra el comercio ilícito y la competencia desleal, al advertir que el 90 % de las unidades adquiridas en subastas en Estados Unidos llega subvaluada y el 96 % presenta daños previos que no siempre se informan al comprador. La alerta no es menor: combina un problema fiscal con un riesgo directo para la seguridad de quienes compran un vehículo de segunda mano.

El dato sobre la subvaluación importa porque no se trata solo de una irregularidad administrativa. Según el estudio encargado por la entidad, el Estado podría recaudar RD$13,200 millones adicionales cada año si aplicara los impuestos vigentes sobre estas transacciones. Es decir, la magnitud del fenómeno tiene un efecto concreto sobre las finanzas públicas y sobre la capacidad del país de financiar servicios y obras con recursos que hoy quedan fuera del circuito formal.

El segundo frente es quizá el más delicado para el ciudadano común. La alteración u ocultamiento del historial de los vehículos impide saber si un automóvil fue descartado tras un accidente grave o después de sufrir inundaciones y otros fenómenos naturales. Un comprador que desconoce ese pasado adquiere un riesgo que no puede evaluar: fallas mecánicas, estructuras debilitadas o sistemas eléctricos comprometidos pueden aparecer meses después de la compra, cuando ya no hay reclamo posible.

ACOFAVE sostiene que combatir el comercio ilícito no debe restringirse a mercancías de determinado origen ni concentrarse únicamente en los sectores que captan la atención pública de forma circunstancial. La frase apunta a un criterio de uniformidad: si la fiscalización se activa solo cuando un tema gana visibilidad mediática, el mercado irregular se desplaza hacia los rubros menos vigilados. El reclamo es que las autoridades apliquen el mismo rigor a todo negocio irregular, sin importar el sector al que pertenezca.

Para el lector, la clave está en cómo verificar antes de comprar. Un historial vehicular confiable, un precio coherente con el mercado y una revisión técnica independiente son filtros básicos que reducen el riesgo de adquirir una unidad siniestrada. La denuncia de ACOFAVE sugiere que esos filtros no siempre existen o no siempre se respetan en el circuito de importación de usados.

Proteger al consumidor, asegurar la recaudación tributaria y defender a las empresas que operan legalmente son, según la entidad, obligaciones ineludibles del Estado que deben aplicarse con uniformidad en el mercado automotriz. El debate, entonces, no es solo sobre impuestos: es sobre qué tan preparado está el país para que la compra de un vehículo usado no se convierta en una apuesta riesgosa.

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