Desafíos de la gobernanza democrática en América Latina: clave para su sostenibilidad
“Democracias en vías de desafío: ¿puede América Latina y el Caribe mantener su liderazgo democrático?”
América Latina y el Caribe, una región donde cuatro de cada cinco ciudadanos residen en naciones democráticas, enfrenta un panorama complejo. A pesar de haber superado regímenes autoritarios en el pasado, la viabilidad a largo plazo de estos sistemas no está plenamente asegurada. Esta es la principal conclusión del informe “Democracias bajo presión: reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El análisis subraya que, si bien la región ostenta el título de la más democrática del mundo en desarrollo, persisten profundas deficiencias estructurales, tales como la marcada desigualdad económica, la insuficiente representación de colectivos históricamente marginados y el desgaste de las instituciones políticas, especialmente los partidos.
La presentación virtual del estudio, liderada por Michelle Muschett y Almudena Fernández del PNUD, puso de manifiesto un creciente desencanto de la ciudadanía con el modelo democrático. Los datos del informe son elocuentes: menos de la mitad de la población se muestra satisfecha con el funcionamiento de la democracia, y una abrumadora mayoría, más del 70 %, percibe que los gobiernos actúan en función de intereses particulares. Este descontento generalizado se inscribe en un escenario de incertidumbre creciente. Michelle Muschett, subsecretaria general y directora regional para América Latina y el Caribe, enfatizó que "a esto se suman nuevas presiones, más complejas y más interconectadas, que se entrelazan con desafíos estructurales persistentes en la región".
Entre las presiones identificadas por Muschett se encuentran "una alta polarización política, transformaciones tecnológicas aceleradas, la expansión de las economías ilícitas y del crimen organizado, y el impacto de crisis climáticas cada vez más intensas", factores que están transformando el marco operativo de las instituciones. A este panorama se suma una preocupante disminución de la confianza en las autoridades electorales: del 47 % en 2016, la credibilidad cayó al 34 % en 2024. Simultáneamente, la percepción de fraude en los procesos electorales nacionales, según datos de Latinobarómetro, escaló del 48,5 % al 60,6 %. El informe aclara que la región no se encamina hacia un colapso democrático abrupto, sino que experimenta una erosión institucional progresiva, caracterizada por el debilitamiento de los contrapesos, la concentración de poder en figuras personalistas y la proliferación de narrativas polarizantes. Almudena Fernández, economista jefa del PNUD para la región, resaltó que "paralelo al proceso de consolidación democrática, se produjeron grandes avances en materia de desarrollo. Sin embargo, esa trayectoria ha demostrado ser frágil, desigual y, en este momento, vulnerable a retrocesos".
El PNUD detalla diversas presiones emergentes que están reconfigurando la interacción entre la ciudadanía y sus instituciones. La polarización política se ha transformado de una mera divergencia de opiniones a una confrontación binaria de "nosotros contra ellos", con la alarmante realidad de que cuatro de los diez países con mayor violencia política global se ubican en América Latina y el Caribe. La revolución tecnológica y la inteligencia artificial también figuran como catalizadores, donde algoritmos y la desinformación exacerban la polarización, minan el debate público y socavan la fe en los sistemas electorales. El avance del crimen organizado representa otro desafío sistémico, disputando el control territorial, ejerciendo influencia en la representación política y restringiendo el desarrollo humano. Finalmente, la migración, percibida como perjudicial por más de la mitad de la población regional, y la crisis climática, con sus efectos de pérdida de biodiversidad y contaminación, ejercen una presión significativa sobre la capacidad estatal para gestionar recursos y responder a catástrofes recurrentes.
Si bien el documento del PNUD no profundiza en análisis específicos por país, dedica un segmento particular al Caribe. En esta subregión, a pesar de registrar niveles de polarización inferiores al promedio regional, se observan significativas vulnerabilidades estructurales. Un dato revelador es que casi el 60 % de los homicidios en el Caribe se atribuyen al crimen organizado, superando la media de América Latina. A esto se añaden economías fuertemente dependientes del turismo, elevados índices de endeudamiento y una constante exposición a desastres naturales. No obstante, el PNUD resalta la resiliencia de las democracias caribeñas, caracterizadas por su estabilidad electoral, continuidad institucional y el reconocimiento internacional como pilares de la democracia representativa.
El informe concluye con un llamado apremiante a "salvaguardar y renovar" los sistemas democráticos de la región. Las recomendaciones clave incluyen el fortalecimiento de la autonomía de los organismos electorales, la reconstrucción de la representación política, la restricción de la influencia del poder económico en la esfera política y la salvaguarda del ecosistema informativo contra la desinformación. Asimismo, se propone reforzar la presencia y la capacidad del Estado para asegurar que la participación política no se vea coartada por actores criminales o dinámicas de violencia. Para el PNUD, el reto fundamental para América Latina y el Caribe trasciende la mera preservación democrática; el verdadero imperativo es revitalizarla para que responda eficazmente a las demandas ciudadanas y genere avances tangibles en el desarrollo humano.
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