Condenan a 30 años de cárcel a dos sicarios que actuaron por órdenes desde una celda

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este miércoles a 30 años de prisión a Ángel Gabriel Aquino Acevedo y Juan Manuel Méndez Pérez, hallados culpables de intentar asesinar a María Teresa Núñez en un atentado que, según las investigaciones del Ministerio Público, fue orquestado desde el interior de un centro penitenciario dominicano.

La sentencia, emitida tras un proceso judicial que incluyó pruebas documentales y testimoniales, establece que ambos condenados participaron activamente en la planificación y ejecución del sicariato contra la víctima. Los fiscales demostraron que el ataque fue coordinado con precisión, utilizando recursos y comunicaciones gestionadas desde la cárcel, lo que evidencia la existencia de una red criminal operando dentro del sistema penitenciario del país.

Este caso pone de relieve un fenómeno que preocupa a las autoridades dominicanas: la capacidad de reclusos para dirigir operaciones delictivas desde sus celdas, a pesar de los controles de seguridad. La modalidad, conocida en el ámbito judicial como "sicariato desde prisión", ha sido documentada en múltiples expedientes recientes y plantea interrogantes sobre la supervisión de las comunicaciones en los recintos carcelarios y la posible complicidad de personal penitenciario.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó un acervo probatorio que vinculaba a los acusados con la logística del atentado, incluyendo la obtención de información sobre los movimientos de la víctima y la preparación de los medios para ejecutar el ataque. La defensa de los imputados intentó desvirtuar las acusaciones argumentando inconsistencias en las evidencias, pero el tribunal consideró suficientes los elementos presentados para emitir un fallo condenatorio.

La decisión judicial envía un mensaje claro sobre la gravedad que el sistema de justicia dominicano atribuye a los delitos de sicariato, incluso cuando estos no se consuman. Al imponer la pena máxima contemplada para este tipo de infracciones, el tribunal subraya que la participación en la cadena de mando de un crimen, desde la planificación hasta la ejecución, conlleva responsabilidad penal plena, sin importar que las órdenes se originen tras las rejas.

Para los lectores, este fallo representa un precedente relevante en la lucha contra la criminalidad organizada y la violencia dirigida. También invita a observar de cerca dos aspectos en los próximos meses: la decisión que tomen las partes respecto a un eventual recurso de apelación, y si las autoridades penitenciarias implementarán medidas adicionales para impedir que los reclusos continúen coordinando actividades ilícitas desde los centros de detención, un desafío que sigue pendiente en la agenda de seguridad nacional.

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