MICM retiene 213,355 galones de combustibles y 46 millones de mercancías en siete meses
MICM retiene 213 mil galones de combustible ilegal en RD y decomisa mercancías por RD$46 millones. Operación impacta el trasiego y protege el mercado formal.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustible (Ceccom), ha retenido unos 213,355 galones de combustibles por razones de trasiego, comercialización o almacenaje irregular durante los primeros siete meses del 2026, además de decomisar mercancías valoradas en 46 millones de pesos.
Esta cifra refleja la magnitud de las operaciones informales que persisten en el mercado de hidrocarburos dominicano, un sector altamente regulado y sensible para las finanzas públicas. La retención de combustible no solo implica una pérdida para los operadores ilegales, sino que también protege la competitividad de los distribuidores formales, que deben cumplir con estrictos estándares de calidad, seguridad y tributación.
El trasiego de combustible, entendido como la extracción o desvío de productos sin la debida autorización, representa un desafío histórico en el país. Más allá del impacto fiscal, estas prácticas generan riesgos significativos para la seguridad ciudadana y el medio ambiente, ya que el almacenaje irregular suele realizarse en condiciones precarias, lejos de las normas técnicas exigidas por las autoridades.
Para el consumidor final, la existencia de este mercado paralelo tiene implicaciones directas: puede distorsionar los precios locales, afectar la calidad del producto y desincentivar la inversión en infraestructura legal de almacenamiento y distribución. En un contexto de volatilidad internacional de los precios del petróleo, el control efectivo de estas actividades resulta clave para mantener la estabilidad del suministro interno.
El trabajo del Ceccom, que actúa en coordinación con otras entidades del Estado, se enmarca en una estrategia más amplia de formalización del comercio. La retención de mercancías por un valor de 46 millones de pesos en el mismo período subraya que la fiscalización no se limita a los combustibles, sino que abarca otros bienes sujetos a control, lo que evidencia un esfuerzo integral por reducir la competencia desleal y proteger al comercio establecido.
Conviene observar, de cara a los próximos meses, si estas acciones se traducen en un aumento de las sanciones administrativas y judiciales contra los infractores, así como en una mayor coordinación interinstitucional. La sostenibilidad de estos resultados dependerá de que las retenciones vayan acompañadas de procesos legales ágiles y de una comunicación transparente sobre los avances, elementos que fortalecen la confianza de los actores formales del sector y de la ciudadanía en general.
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