Violación grupal en Cornell expone el muro que silencia las denuncias de abusos en universidades de EE.UU.

Las víctimas de violencia de género en República Dominicana enfrentan un laberinto institucional que combina procesos universitarios y policiales, una duplicidad que, según expertos, genera "confusión e incertidumbre" y dificulta el acceso a la justicia. La superposición de instancias —los protocolos internos de las universidades y las investigaciones del sistema policial— obliga a las denunciantes a repetir testimonios, recolectar pruebas en dos vías paralelas y navegar normativas que no siempre están coordinadas.

El caso de una violación grupal en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre cómo las instituciones de educación superior gestionan las denuncias de abuso sexual. Aunque el texto base se centra en la realidad dominicana, el paralelismo es inevitable: en ambos países, las universidades operan como una suerte de primera instancia que no tiene facultades penales, pero cuyas decisiones —o su ausencia— impactan directamente en la vida de las denunciantes. La diferencia de contexto no elimina el patrón común: la víctima queda atrapada entre un proceso disciplinario que no resuelve el fondo del asunto y un sistema judicial que avanza con lentitud.

En República Dominicana, esa duplicidad se traduce en una carga adicional para quien denuncia. Los protocolos internos de las universidades suelen exigir testimonios detallados, pruebas documentales y comparecencias ante comités que no siempre cuentan con formación especializada en violencia de género. En paralelo, la vía policial reclama los mismos elementos, pero bajo estándares probatorios distintos. El resultado, según los especialistas consultados, es una suerte de "doble victimización": la persona debe narrar los hechos múltiples veces, enfrentar cuestionamientos sobre su credibilidad y, en no pocos casos, lidiar con la revictimización que genera repetir la experiencia ante instancias que no dialogan entre sí.

El problema se agrava cuando el agresor pertenece a la comunidad universitaria. Las casas de estudios superiores carecen de facultades penales y sus sanciones disciplinarias —suspensión, expulsión o amonestación— no sustituyen la acción judicial. Sin embargo, en la práctica, muchas víctimas perciben que la universidad actúa como un filtro que puede diluir la gravedad del caso o, por el contrario, convertirse en un obstáculo adicional si el proceso interno se prolonga mientras el plazo para denunciar penalmente se agota. Esa asimetría entre lo disciplinario y lo penal es una de las claves que conviene observar en cualquier reforma.

Los expertos recomiendan protocolos articulados entre universidades y autoridades policiales, con acompañamiento legal y psicológico único. Es decir, que la denunciante no tenga que navegar dos sistemas por separado, sino que exista una ruta clara, coordinada y con plazos definidos. También sugieren que las universidades capaciten a su personal en perspectiva de género y que los comités internos no actúen como instancias de investigación criminal, sino como espacios de protección inmediata y derivación oportuna. Sin esa articulación, advierten, la búsqueda de justicia se convierte en una nueva fuente de revictimización.

El caso de Cornell expone, una vez más, que el muro que silencia las denuncias no es solo cultural, sino también institucional. La fragmentación de procesos, la falta de coordinación y la ausencia de acompañamiento integral son factores que desalientan a las víctimas a denunciar. Para los lectores, la clave está en observar si las universidades dominicanas avanzan hacia protocolos articulados con el sistema policial o si, por el contrario, mantienen estructuras que obligan a las denunciantes a elegir entre un camino que no resuelve y otro que avanza con lentitud.

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