Vacío legal y tensión constitucional por una ley observada por Abinader
“Deudas del Estado en la mira: ¿dos vías legislativas o un callejón sin salida? El Congreso sigue adelante con una nueva propuesta, mientras el proyecto…
La iniciativa legal concebida para saldar obligaciones del Estado con contratistas acumuladas desde 1996 quedó atrapada en una situación constitucional compleja después de que fuera observada por el presidente Luis Abinader. Mientras tanto, el Congreso avanzó con otra propuesta sobre el mismo asunto, aunque con ajustes puntuales, lo que dejó abiertas dos vías legislativas vinculadas a las mismas deudas públicas.
El punto de tensión radica en que el proyecto original, aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026 y convertido en ley, no ha sido retirado formalmente del trámite parlamentario, pese a las objeciones del Poder Ejecutivo. Esa permanencia mantiene viva la posibilidad de que la pieza quede aprobada de manera automática si no recibe movimiento durante dos legislaturas, conforme al procedimiento constitucional aplicable.
La Constitución, en su artículo 102, establece que cuando el presidente observa una ley debe devolverla a la cámara de origen con la explicación de los artículos cuestionados y las razones de su decisión. Luego, la cámara correspondiente debe volver a votar la propuesta en una única lectura. Sin embargo, el artículo 103 añade un elemento decisivo: todo proyecto de ley dispone de dos legislaturas ordinarias para completar su curso, de lo contrario se entiende aceptada la observación y la ley puede quedar aprobada automáticamente.
La pieza inicial reconocía de manera directa deudas pendientes y ordenaba el pago a 571 contratistas previamente identificados, por obras y servicios acumulados desde 1996. Abinader objetó ese texto al considerar que no precisaba con exactitud el monto total que tendría que desembolsar el Estado ni individualizaba de forma suficiente a todas las personas y empresas beneficiarias.
Tras esa observación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, promovió un nuevo proyecto de ley. Esa versión sustituye el reconocimiento automático de las acreencias por un mecanismo de verificación previa y crea una comisión encargada de examinar cada reclamación antes de autorizar pagos.
Según explicó Pacheco, ese órgano podría rechazar solicitudes o reducir montos reclamados, aunque no tendría potestad para incorporar nuevos beneficiarios. La nueva propuesta ya fue enviada al Poder Ejecutivo, donde espera promulgación, mientras la ley original sigue sin ser retirada del Congreso y mantiene abierto el conflicto jurídico sobre cuál de las dos iniciativas prevalecerá en relación con estas deudas estatales.
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