Tribunal otorga 120 días para acusación en caso Senasa; tres implicados siguen presos

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó este miércoles una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para que concluya la investigación y presente la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y los demás implicados en el caso. La medida, adoptada por el juez del tribunal, responde a la solicitud de los fiscales, quienes argumentaron la necesidad de profundizar en las pesquisas para robustecer el expediente acusatorio.

Con este nuevo plazo, la defensa de Hazim y de los otros procesados tendrá que esperar al menos hasta el próximo trimestre para conocer los cargos definitivos que se les imputan. Mientras tanto, tres de los implicados permanecen en prisión preventiva, una medida que se mantiene firme mientras avanza el proceso, lo que refleja la gravedad de las señales de riesgo procesal que el tribunal ha ponderado hasta ahora.

Este caso, que ha generado gran expectación en el ámbito nacional, está vinculado a presuntas irregularidades administrativas y financieras durante la gestión de Hazim al frente de la entidad de salud. Senasa es una de las instituciones más sensibles del sistema dominicano por su rol en la administración de los recursos del régimen subsidiado y contributivo, que impacta directamente a millones de afiliados. Por ello, cualquier señal de desvío o mala gestión no solo tiene implicaciones legales, sino también un fuerte componente de interés público y social.

El Ministerio Público ha señalado que la prórroga permitirá completar las experticias contables y recopilar más pruebas testimoniales y documentales que sustenten la acusación. Este tipo de ampliaciones de plazo son habituales en casos de alta complejidad, donde el volumen de documentación y la necesidad de cruzar información financiera exigen un análisis minucioso. La decisión del tribunal, sin embargo, no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que reconoce la necesidad de dar tiempo a la investigación para evitar una acusación frágil o incompleta.

Para los lectores, es clave entender que este aplazamiento no beneficia ni perjudica a ninguna de las partes de forma automática. Por un lado, otorga al órgano acusador la oportunidad de presentar un expediente más sólido; por otro, prolonga la incertidumbre para los imputados y sus familias. En los próximos meses, será importante observar si el Ministerio Público logra presentar la acusación en el plazo fijado o si solicita una nueva extensión, así como la evolución de las medidas de coerción que pesan sobre los tres detenidos.

El desenlace de esta investigación sentará un precedente sobre la capacidad del sistema de justicia para manejar casos de corrupción administrativa de gran escala. La ciudadanía espera que, una vez presentada la acusación, el tribunal fije fecha para la audiencia preliminar, donde se evaluará si existen méritos suficientes para llevar el caso a juicio de fondo. Mientras tanto, el caso Senasa seguirá ocupando un lugar central en la agenda judicial y política del país, no solo por los montos involucrados, sino por el impacto que tiene en la confianza pública hacia las instituciones de salud.

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