Tito Hernández alerta que República Dominicana no tiene condiciones para abrir el arroz a Estados Unidos

Tito Hernández advirtió que República Dominicana no cuenta con las condiciones para abrir su mercado arrocero a Estados Unidos, en un contexto marcado por la solicitud estadounidense de derogar el Decreto núm. 693-24, que establece medidas de protección para el sector arrocero nacional. La petición reactiva un debate que el país evitó confrontar durante años: la falta de preparación para la apertura total del mercado del arroz en el marco del DR-Cafta.

El decreto en cuestión funciona como un escudo temporal frente a la liberalización arancelaria pactada en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Durante la negociación del DR-Cafta, el arroz fue identificado como uno de los productos más sensibles para la República Dominicana, razón por la cual se acordó un período de desgravación prolongado que ahora llega a su etapa final. Ese plazo, concebido como una ventana para preparar al sector, no habría sido aprovechado para cerrar las brechas de competitividad.

La solicitud estadounidense coloca sobre la mesa una asimetría que el país conoce bien: la producción local compite contra importaciones subsidiadas del país norteamericano. Esa diferencia estructural no se resuelve solo con aranceles, sino con políticas de reconversión y tecnificación que, según analistas del sector agropecuario, han estado ausentes. Sin esas herramientas, los productores nacionales quedan en una posición vulnerable ante la competencia externa.

El impacto del arroz en la economía dominicana va más allá del comercio: miles de familias dependen directamente de su cultivo, y el grano tiene un peso significativo en la canasta básica y en la seguridad alimentaria. Por eso, cualquier cambio en las reglas de importación no es un asunto exclusivamente comercial, sino que toca empleo rural, precios al consumidor y estabilidad en las zonas productoras.

El gobierno dominicano no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud estadounidense, pero el tema promete instalarse en la agenda bilateral en los próximos meses. La ausencia de una postura pública deja abiertas varias interrogantes: qué mecanismos de transición se contemplan, si existe un plan de acompañamiento para los productores y cómo se equilibrará la relación comercial con Washington sin desmantelar un sector estratégico.

Para los lectores, conviene seguir tres claves: la respuesta oficial del Ejecutivo, la posición de las asociaciones arroceras y la evolución de la negociación bilateral. El desenlace definirá no solo el futuro del arroz dominicano, sino también la capacidad del país de administrar los compromisos asumidos en el DR-Cafta sin sacrificar a uno de sus sectores agropecuarios más sensibles.

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