Tiroteos en el Congreso reavivan la pugna entre mano dura y debido proceso

Las recientes muertes de presuntos delincuentes en alegados intercambios de disparos con agentes policiales han reavivado el debate en el Congreso Nacional, donde legisladores del oficialismo y la oposición mantienen posiciones encontradas sobre el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso.

El senador Rafael Barón Duluc, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta, respaldó la actuación policial al señalar que los agentes actúan en defensa propia cuando son atacados. No obstante, subrayó que cada muerte debe investigarse de manera individual para distinguir entre legítima defensa y exceso. «Tenemos un nivel de delincuencia donde los delincuentes están armados y enfrentan a la Policía. En cualquier lugar del mundo donde tú enfrentes la Policía, la Policía está armada precisamente para utilizarla», declaró. En la misma línea, el diputado Miguel Arredondo sostuvo que la delincuencia actúa con mayor desafío y abogó por aplicar todo el peso de la ley, aunque reconoció los esfuerzos del presidente Luis Abinader y del jefe de la Policía Nacional para enfrentar la criminalidad.

Desde una postura más radical, el diputado Elías Wessin, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, propuso adoptar en el país un modelo de combate frontal a las estructuras criminales similar al aplicado en El Salvador por Nayib Bukele. «No digo imitarlo, no digo exportarlo directamente, pero sí ver cómo podemos hacer algo», expresó. Wessin planteó además la construcción de un centro penitenciario con capacidad para unos 20 mil reclusos, con el objetivo de combatir el hacinamiento y recluir a condenados con sentencias definitivas superiores a cinco años.

En contraste, legisladores del PLD, Fuerza del Pueblo y Alianza País cuestionaron que las operaciones policiales terminen con la muerte de los perseguidos. El diputado Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, condenó cualquier actuación que vulnere los derechos fundamentales y afirmó que corresponde a los tribunales determinar el carácter delictivo de una persona. «Llevamos varios años hablando de reforma policial y vemos crecer la delincuencia. Es una afrenta para el Gobierno», sostuvo. Los diputados Danilo Díaz y Alcibíades Tavárez también rechazaron las acciones extrajudiciales y llamaron a fortalecer la prevención, la incautación de armas ilegales y el sometimiento de los presuntos responsables ante la justicia.

De acuerdo con cifras manejadas en torno a estos operativos, en los últimos 10 días se han registrado al menos 21 muertes en alegados intercambios de disparos con agentes policiales, entre ellas cuatro hombres señalados como presuntos implicados en el caso de Boca Chica. Con estos fallecimientos, septiembre acumularía 23 muertes durante intervenciones policiales, mientras que el total en lo que va de 2026 rondaría los 180 fallecidos. El debate sobre la reforma policial y las medidas para fortalecer la seguridad ciudadana sin apartarse del Estado de derecho permanece pendiente en la sede legislativa.

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