“Revisión integral de la seguridad social para un futuro más seguro”

La seguridad social dominicana ha alcanzado un punto crítico en su historia, veinticinco años después de la implementación de la Ley 87-01. A pesar de su capacidad para recaudar recursos, el sistema ha demostrado limitaciones significativas en la garantía de pensiones dignas y servicios de salud accesibles para sus afiliados.

Según el economista Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social, los afiliados no son los principales beneficiarios del sistema. En una entrevista, expresó su preocupación sobre la falta de protección para los trabajadores en la vejez, destacando que la informalidad laboral agrava el problema. Esto lleva a una situación en la que millones de trabajadores temen llegar a la jubilación con ingresos insuficientes y cobertura precaria.

La realidad es que una parte importante de la población envejece fuera del sistema de seguridad social, sin acceso a protección ni posibilidades reales de un retiro digno. Este escenario ha llevado a que el sistema se centre más en la recaudación de recursos que en la protección de sus afiliados. La falta de supervisión pública y la falta de equidad en el modelo han contribuido a esta situación.

La reforma de la seguridad social no puede seguir posponiéndose. Es hora de que se implemente una legislación que coloque al ciudadano en el centro del sistema, fortalezca la supervisión pública y asegure una mayor equidad. Esto permitiría devolver sentido social a un modelo concebido para ofrecer seguridad y protección a los trabajadores.

La reforma no debe ser una disputa entre intereses corporativos, sino un compromiso con la dignidad humana. Es necesario que el sistema de seguridad social priorice la protección y el bienestar de sus afiliados, y no se centre en la acumulación de recursos. Esto requiere una visión clara y un compromiso firme con la justicia social.

En resumen, la seguridad social dominicana debe ser reformada para que se centre en la protección de sus afiliados y no en la recaudación de recursos. Esto es esencial para garantizar que los trabajadores tengan una jubilación digna y accesible a servicios de salud. La reforma no puede seguir posponiéndose, y es hora de que se implementen cambios significativos en el sistema.

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