Registro policial en Starbucks de Corea del Sur sacude a la cadena por campaña que genera controversia
Registro policial en Seúl sacude a Starbucks por una polémica campaña que evoca la represión de los años 80. ¿Qué hallaron los investigadores?
La Policía Metropolitana de Seúl registró este miércoles la sede central de Starbucks en Corea del Sur, en el distrito de Gangnam, como parte de una investigación por presuntos insultos a los participantes del movimiento prodemocrático de los años 80, vinculados a una polémica campaña promocional que desató boicots y disculpas públicas en mayo.
El operativo, iniciado a las 8:50 hora local (23:50 GMT del martes), busca determinar si los directivos de la compañía planearon intencionalmente el evento promocional denominado 'Tank Day', lanzado el 18 de mayo, fecha que conmemora el levantamiento de Gwangju contra la dictadura de Chun Doo-hwan. Según informó la agencia Yonhap, los investigadores también revisan deficiencias en el proceso de auditoría interna presentado por Shinsegae, operador local de la empresa.
La campaña, que promocionaba vasos térmicos, fue criticada por evocar los tanques utilizados en la represión militar y el asesinato de un estudiante durante la masacre de los años 80. El escándalo provocó la disculpa pública del presidente de Shinsegae, Chung Yong-jin, el despido del director ejecutivo local de Starbucks Korea y boicots de trabajadores e instituciones gubernamentales, además de críticas del presidente surcoreano, Lee Jae Myung. Como medida correctiva, la plantilla de Starbucks en el país recibió capacitación sobre conciencia histórica y sensibilidad social a mediados de junio, cuando más de 2.000 sucursales cerraron temporalmente para realizar clases de historia.
El registro policial eleva la presión sobre la operación local de Starbucks, que ya enfrentaba un clima de rechazo comercial y político. Para los consumidores surcoreanos, la fecha del 18 de mayo no es un simple día promocional: representa un capítulo doloroso de la historia nacional, marcado por la represión de manifestantes prodemocráticos en Gwangju, un episodio que dejó cientos de muertos y que sigue siendo un referente de la lucha por los derechos civiles en el país.
La decisión de la Policía de allanar la sede central sugiere que las autoridades no se limitarán a una sanción administrativa. La investigación podría derivar en cargos penales contra directivos si se demuestra que hubo intencionalidad en el diseño de la campaña, lo que marcaría un precedente para otras empresas multinacionales que operan en Corea del Sur y que deben calibrar con extremo cuidado sus estrategias de marketing en fechas sensibles.
El caso también expone la fragilidad de los mecanismos de control interno en las operaciones locales de franquicias globales. La revisión de la auditoría de Shinsegae apunta a posibles fallas en la supervisión de campañas publicitarias, un aspecto que los accionistas y consumidores seguirán de cerca. Para el sector corporativo surcoreano, este episodio refuerza la necesidad de integrar criterios de memoria histórica y responsabilidad social en los procesos de toma de decisiones, más allá del cumplimiento formal de normativas.
De cara a los próximos días, será clave observar si el allanamiento deriva en imputaciones concretas contra ejecutivos de Shinsegae o de Starbucks Korea, así como la respuesta de la casa matriz en Estados Unidos ante una crisis que ya ha tenido consecuencias operativas y reputacionales. La reacción de los consumidores y de los grupos civiles que lideraron los boicots también será un termómetro para medir si la confianza en la marca puede recuperarse o si el daño es estructural.
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