Prisión preventiva en RD: los casos donde la ley sí justifica la medida
El 65% de los reclusos en RD no tiene condena firme: la prisión preventiva se volvió regla, no excepción. Un análisis alerta que el nuevo Código Penal agravará…
El sistema penitenciario dominicano mantiene un promedio de 19,800 privados de libertad, de los cuales el 65% son preventivos, una realidad que convierte la coerción en la norma y no en la excepción que ordena el artículo 40, numeral 9, de la Constitución, según advierte un análisis sobre la aplicación de medidas restrictivas de libertad en el país.
El texto señala que solo 9,800 reclusos cumplen condenas definitivas e irrevocables dictadas por tribunales ordinarios, lo que representa apenas un 35% de los casos fallados. La situación se agrava, según el análisis, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que creó cientos de delitos y crímenes, lo que previsiblemente incrementará la privación de libertad preventiva.
El documento sostiene que el Ministerio Público incurre en violaciones al debido proceso y a la Constitución al aplicar de forma generalizada la coerción preventiva, cuando esta debería reservarse para casos donde la pena no pueda sustituirse por reparación del daño, como ocurre en violaciones a menores y violencia de género. En casos de corrupción administrativa, donde la prescripción alcanza los 20 años, el análisis considera un abuso imponer prisión preventiva por prevaricación o cohecho, y plantea que la fianza económica y la extinción de dominio son las medidas adecuadas.
El texto también cuestiona la actuación de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República por su indiferencia ante la corrupción en el sistema judicial, y reclama que el Consejo del Poder Judicial mantenga un registro del desempeño de los jueces. Asimismo, insta al Defensor del Pueblo y al director de la Defensa Pública a exigir al Ministerio Público someterse al mandato constitucional, y al Tribunal Constitucional a emitir una sentencia vinculante que impida dilatar los procesos penales mediante la coerción preventiva, práctica que, según el análisis, altera el erario público y abarrota los centros de privación de libertad.
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