Plus Ultra avisó a la SEPI: el rescate serviría para pagar a PDVSA y a la trama de blanqueo
La documentación aportada por el exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, sitúa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el centro de la polémica. Según esos papeles, el organismo público conocía que parte del rescate de la aerolínea se destinaría a saldar una deuda de 4,7 millones de euros con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y a atender compromisos con sociedades vinculadas a Simon Verhoeven, presunto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales.
La documentación apunta a que la SEPI no solo tenía constancia de la deuda con la petrolera del régimen chavista, sino que también fue informada de los préstamos concedidos por el entorno de Verhoeven. Esos fondos, según la tesis que sostiene el exCEO, habrían servido para sostener la operación de la compañía antes y después del rescate público, lo que compromete la versión oficial de que las ayudas se ajustaron a criterios estrictamente empresariales y de viabilidad.
Roselli, que dirigió la aerolínea durante el periodo crítico, habría entregado documentación, contratos y comunicaciones internas que reflejan el conocimiento del organismo sobre los pagos comprometidos. La deuda de 4,7 millones con PDVSA no era un asunto menor: la petrolera venezolana aparece señalada en diversos expedientes internacionales por su uso como instrumento financiero del régimen chavista. A esa cifra se suman los préstamos atribuidos a Verhoeven, considerado por los investigadores el presunto cabecilla de una red de blanqueo que habría utilizado empresas pantalla para mover dinero.
La revelación añade presión sobre la SEPI, que concedió el rescate a Plus Ultra en plena pandemia para garantizar la continuidad de la aerolínea. La operación ya estaba bajo sospecha por el destino final de los fondos y por la posible desviación de dinero público hacia terceros ajenos a la actividad aérea. Ahora, la documentación de Roselli sugiere que el organismo conocía de antemano algunos de esos compromisos y aun así autorizó o no bloqueó la ayuda.
El caso reabre el debate sobre los controles aplicados a las ayudas públicas y sobre la necesidad de auditar con lupa el uso de dinero de los contribuyentes en operaciones empresariales opacas. Mientras la SEPI guarda silencio o remite a sus argumentos previos, la oposición y varios organismos de vigilancia reclaman una investigación exhaustiva para determinar quién sabía qué y si el rescate acabó financiando, directa o indirectamente, a la petrolera venezolana y a la presunta trama de blanqueo.
