Persecución política | Una decisión justa

Con independencia de eventuales culpabilidades, todos los casos de persecución de supuestos actos de corrupción instrumentados contra pasados funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina, tuvieron como trasfondo político la intención sistemática de intentar destruir al Partido de la Liberación Dominicana y a su presidente y principal líder.

Aunque de todos, sobresale el encabezado por el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero. Una acusación cocinada fuera del despacho de la entonces procuradora, diseñada para tener impacto mediático y no éxito en los tribunales.

Intrincada, que mezcla pagos de deudas públicas con operaciones de bancas de apuestas, y que apesta a impunidad, pues favorece a individuos que en lugar de colaboradores debieron ser encartados como actores protagónicos del supuesto entramado.

Presentada sin disimulos en tiempos electorales, cuando el PLD concluía su congreso y se disponía a dar riendas sueltas a su candidato presidencial, fue la guinda en el pastel de méritos acumulados que garantizaron posteriores ascensos a las cúspides del Ministerio Público.

Un caso al que arrastraron por los pelos a José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Quienes no fueron sometidos por acciones durante sus gestiones al frente de los ministerios Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, sino por supuestamente recibir aportes para la campaña del veinte.

Como única prueba, las confesiones no contrastadas de personas que admitieron delitos y fueron excluidos de la acusación a cambio de suscribir interrogatorios que favorecían las pretensiones de los fiscales.

Ni un papelito, una foto, una conversación, solo la palabra de gente en condiciones de decir cualquier cosa si devolviendo una parte del botín podían librarse de un problema mayúsculo.

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