Pedro Sánchez impulsa la ciudadanía para los descendientes del exilio español
**Pedro Sánchez defiende la “ley de nietos” y presiona al Supremo: “Que la resuelvan antes de 2027″**
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la llamada "ley de nietos" y criticó la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de los descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad bajo esa norma, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.
"Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027", declaró Sánchez en una entrevista en la televisión pública, subrayando que no comparte la resolución judicial.
La ley, aprobada en el marco de la Memoria Democrática de 2022, permitió a descendientes de españoles que huyeron durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975) solicitar la nacionalidad, un proceso que acumuló casi 2.4 millones de peticiones entre 2022 y octubre de 2025, con más de 544,000 aprobadas hasta marzo de 2026.
La suspensión, anunciada el martes, afecta a la inscripción en el censo electoral de residentes en el extranjero que se beneficiaron de esa disposición, hasta que acrediten documentalmente que sus antepasados fueron exiliados políticos o represaliados.
La medida responde a un recurso de Vox, que celebró el fallo en redes sociales: "Hemos frenado el pucherazo que preparaba Pedro Sánchez".
La oposición, incluido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Ejecutivo de intentar ampliar el censo con votantes afines de cara a los comicios de mediados de 2027.
Sánchez rechazó esas críticas y defendió el espíritu de la norma: "Es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía".
El mandatario lamentó que la decisión judicial genere una imagen de "ciudadanos de primera y de segunda", mientras el Supremo exige ahora pruebas individualizadas de exilio para acceder al sufragio.
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