MP pide coerción contra pastor señalado por violencia contra menores en su fundación
Padres de menores rescatados en Haina respaldan al pastor acusado de trata; audiencia es aplazada. Tensión en San Cristóbal.
Los padres de los nueve menores rescatados de la fundación “Restaurando Vidas. Un Muerto que Revive”, en Haina, no presentaron querella contra el pastor Ángel Gabriel Capellán y, junto a familiares y allegados, acudieron al Palacio de Justicia de San Cristóbal para expresar su respaldo al imputado, en una jornada marcada por la tensión y las muestras de apoyo al religioso.
La audiencia de medida de coerción contra Capellán e Isaías Muñoz, señalados por presunta trata de menores con fines de explotación laboral, fue aplazada para el próximo jueves 10 de septiembre. La fiscal Fanny Garabito, acompañada de los magistrados Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo, informó que la decisión responde a la necesidad de conocer el anticipo de prueba de los niños rescatados. El Ministerio Público solicitará tres meses de prisión preventiva y mantiene la calificación jurídica provisional de trata de personas, con el expediente que documenta alegatos de golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados. Los menores, considerados víctimas directas, serán representados por Relevic, el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima de la Procuraduría.
La defensa de Capellán, encabezada por el abogado Manuel Soto Lara, cuestionó la ausencia de denuncias formales por parte de los padres y calificó el origen del caso como el de un “menor travieso” con antecedentes que escapó del centro. Soto Lara sostuvo que los niños fueron llevados a la fundación con consentimiento paterno y rechazó las acusaciones de retención involuntaria. Además, argumentó que la falta de autorización para operar sería un asunto administrativo, no penal, y defendió la labor del pastor, asegurando que el centro acogía a menores y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
La investigación comenzó el 28 de agosto, cuando un niño de 12 años escapó del lugar y buscó protección en el destacamento policial de Hatillo. Los allanamientos posteriores permitieron localizar a otros menores, y el expediente incluye entrevistas de psicología forense, certificados médicos y actas de los operativos. Mientras tanto, decenas de manifestantes, entre ellos Julia Santos y Obispo Montero, quien afirmó haber permanecido más de tres años en la fundación, defendieron la gestión del religioso y denunciaron una supuesta condena anticipada en los medios. “El único mal que ha cometido es salvar a niños que han estado en la calle”, expresó Montero, en medio de lágrimas y oraciones frente al tribunal.
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