Ministerio Público somete a la justicia a fiscal señalado por cobrar sobornos
Exfiscal de la Pepca enfrenta juicio por soborno: le ofrecieron 200 mil dólares, Rolex y Mercedes a un investigado del fraude al Senasa.
El Ministerio Público depositó este lunes la acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra Aurelio Valdez Alcántara, un exfiscal de la Pepca acusado de intentar sobornar a un investigado del caso de presunto fraude al Senasa con ofertas que incluyeron 200,000 dólares, un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
La acusación fue presentada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor también pidió fijar la audiencia preliminar y admitir la totalidad de las pruebas presentadas, al considerarlas "útiles, relevantes y pertinentes".
Además, solicitó mantener la medida de coerción impuesta contra Valdez Alcántara, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres desde mayo pasado, así como las medidas cautelares sobre sus bienes.
Según el expediente, los hechos se remontan a diciembre del año pasado, cuando Valdez Alcántara, entonces parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), interrogó a una persona vinculada a la investigación del entramado de corrupción en el Senasa.
Tras el interrogatorio, el acusado presuntamente contactó al investigado por WhatsApp, y luego de una serie de acciones intimidatorias, le ofreció ayuda a cambio de 200,000 dólares, suma que redujo a 150,000 durante una negociación en la que también mostró interés por un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
La entrega de 10,000 dólares, acordada para marzo pasado, derivó en la ejecución de una orden de arresto contra el exfiscal.
El Ministerio Público imputa a Valdez Alcántara violaciones a los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal dominicano, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La prisión preventiva fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.
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