Minería responsable en República Dominicana y sus implicaciones

El precio de extraer donde otros viven. Hay una aritmética que los satélites hacen sin protocolo y sin anestesia: entre 2000 y 2024, la Reserva Fiscal Montenegro ampliada, en Pueblo Viejo, en Sánchez Ramírez, perdió 2,339.1 hectáreas de cobertura boscosa, pasando del 92 % al 62.7 % de su superficie.

Es la contabilidad fría de treinta metros cuadrados de resolución Landsat aplicada sobre un territorio que, al mismo tiempo que cedía sus bosques, veía partir su oro con retornos fiscales que la propia ley declara insuficientes.

Y una legislación que, escrita con precisión, ha sido ejecutada con notable creatividad interpretativa.

Escribo esto como alguien que no concibe el desarrollo sin inversión, y que entiende que la minería, bien regulada, puede ser un vector legítimo de transformación económica.

Pero la minería responsable que no repone el bosque que derriba ni transfiere los ingresos que la ley ordena no es minería responsable: es extracción subsidiada por las comunidades que menos pueden permitírselo.

El bosque como derecho, no como paisaje. El año 2012 marcó el pico de la hemorragia: 302.6 hectáreas deforestadas en un solo ciclo anual dentro del polígono concesionado a la mina de Pueblo Viejo.

Expresado como promedio de los veinticuatro años monitoreados, ese dato se suaviza hasta las 97.5 hectáreas anuales, cifra que a un gestor de riesgos le resulta tan confiable como la temperatura promedio de un paciente con fiebre intermitente.

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