Martín Meléndez urge reinventar la gestión del agua en República Dominicana frente a la crisis climática

El docente e investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Martín Meléndez Valencia, afirmó este martes que República Dominicana debe replantear el modelo de gestión de los recursos hídricos utilizado durante el siglo XX y avanzar hacia un manejo integral de las cuencas hidrográficas, acompañado de pequeños embalses y una administración más eficiente del agua.

La advertencia de Meléndez Valencia se produce en un contexto regional de creciente presión sobre los recursos hídricos. El Caribe figura entre las zonas más expuestas a sequías recurrentes, huracanes y variaciones extremas en los patrones de lluvia, fenómenos que afectan directamente la disponibilidad de agua para consumo humano, riego y generación eléctrica. Para los lectores, la discusión no es abstracta: de la gestión hídrica dependen la factura del agua, la estabilidad del suministro en los hogares y la viabilidad de sectores productivos como la agricultura y el turismo.

El investigador del Intec sostuvo que el esquema tradicional, basado en grandes infraestructuras y una visión fragmentada del recurso, resulta insuficiente para responder a los desafíos actuales de sequías, crecimiento urbano y demanda agrícola. En su lugar, propuso un enfoque que articule la conservación de las cuencas con soluciones descentralizadas de almacenamiento. Esta crítica apunta a un modelo que priorizó durante décadas la construcción de grandes presas y canales, sin integrar de forma sistemática la protección de las zonas de captación ni la participación de las comunidades en la administración del recurso.

Meléndez Valencia subrayó que la construcción de pequeños embalses permitiría captar agua en las zonas altas y mejorar la distribución en comunidades rurales, reduciendo la dependencia de los grandes sistemas y aumentando la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Este tipo de infraestructura descentralizada suele implicar menores costos de operación, menor impacto ambiental y una respuesta más rápida ante emergencias locales, aunque exige planificación técnica y mantenimiento sostenido para evitar que se conviertan en obras abandonadas.

Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la capacidad técnica para administrar el agua con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad, de modo que el país pueda garantizar el acceso al recurso a largo plazo. En la práctica, esto supone coordinar a múltiples actores —desde el Estado hasta los gobiernos locales, las juntas de regantes y las organizaciones comunitarias— bajo reglas claras de asignación y tarifas que reflejen el costo real del servicio sin excluir a los sectores más vulnerables.

Para el lector, la propuesta de Meléndez Valencia abre una pregunta clave: cómo financiar y ejecutar esa transición en un país donde la inversión en infraestructura hídrica compite con otras urgencias fiscales. Conviene observar si el debate derivado de estas declaraciones se traduce en políticas concretas, en asignaciones presupuestarias y en un marco legal actualizado que permita pasar del diagnóstico a la acción sostenida.

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