Los presos de Salcedo que encontraron trabajo antes de la libertad

La Fortaleza Militar Juana Núñez en Salcedo, una institución penitenciaria que opera con una sobreocupación superior al 226%, albergando a 196 internos en un espacio diseñado para apenas 60, ha logrado establecer un modelo de rehabilitación sorprendentemente dinámico. Lejos de ser un mero centro de reclusión, su jornada diaria se ve marcada por el aroma del pan recién horneado y el bullicio de talleres productivos. En este entorno, un grupo de 33 reclusos, con edades que oscilan entre los 25 y 60 años, ha encontrado en el trabajo penitenciario una vía para adquirir oficios, reconstruir hábitos y transformar su tiempo de condena en una preparación tangible para la vida exterior.

Este sistema se sustenta en una economía interna singular que interactúa directamente con la comunidad local. Los internos elaboran una diversidad de productos y atienden encargos de vecinos y comerciantes, desde pan fresco hasta muebles personalizados y trabajos de soldadura. La gestión de los ingresos generados por estas actividades es rigurosa: el 50% se deposita en una cuenta de ahorro destinada a ser entregada al momento de su libertad, el 40% queda a disposición para gastos personales o apoyo familiar, y el 10% restante se asigna al centro penitenciario. Este esquema busca cimentar una reinserción social que va más allá de la teoría jurídica, ofreciendo independencia económica y experiencia laboral.

Las historias individuales ilustran el profundo impacto de este programa. María Magdalena, quien ingresó al penal a los 46 años y lleva 17 años recluida, es hoy la encargada de la panadería, donde lidera la producción de más de 35 fundas diarias, equivalentes a 210 semanales, vendiendo cada pan a cinco pesos y la funda a 60 pesos. Con un ingreso mensual de 4,000 pesos, administra sus finanzas con miras a su liberación en tres años, soñando con fundar un negocio familiar. De manera similar, José Miguel, de 42 años, quien ha pasado la última década en Salcedo, llegó sin conocimientos de ebanistería y ahora dirige uno de los talleres más activos, fabricando camas y juegos de comedor. Su evolución conductual ha sido tal que el Poder Judicial le concedió un permiso de libertad sin custodia para estudiar Derecho, una carrera que costea con el dinero de su trabajo.

La oferta de capacitación vocacional en la fortaleza es variada, distribuyendo a los 33 participantes en áreas específicas: cuatro en panadería, tres en granja avícola, tres en herrería, tres en peluquería, siete en huertos, cinco en ebanistería, uno en zapatería y siete en labores agrícolas en una finca. Adicionalmente, 68 internos están inscritos en programas de formación académica. Ante la escasez de instructores permanentes, los propios internos más experimentados, como Luis Fernando Figueroa y Manuel Villar en la granja avícola, asumen el rol de facilitadores, transmitiendo sus conocimientos a los recién llegados y asegurando la continuidad y evolución de las técnicas productivas.

La efectividad del modelo se refleja en la baja tasa de reincidencia y la exitosa integración comunitaria. En los últimos 10 años, 23 internos, con edades entre 25 y 45 años, han egresado de la fortaleza con formación técnica en diversas áreas, y solo un 2% ha reincidido. El vínculo con el municipio es crucial, pues familias y pequeños negocios acuden al centro por la calidad y precios accesibles de sus productos. Un ejemplo palpable de esta reinserción es José Anderson Camilo, de 34 años, quien tras cumplir una condena de 12 años, trabaja hoy en el taller de herrería de Jeury Tejada, otro exrecluso que, gracias a las habilidades adquiridas en prisión, fundó su propio negocio y emplea a antiguos compañeros.

A pesar de estos logros, el programa enfrenta desafíos significativos. El hacinamiento persiste, aunque una remodelación valorada en 65 millones de pesos, proyectada para finalizar este año, busca aumentar la capacidad a 220 internos. Sin embargo, áreas como barbería y belleza operan con equipos limitados, y otras iniciativas, como la fabricación de ataúdes y muebles escolares, han mermado debido a la pandemia, la retirada de apoyo estatal y la falta de personal técnico especializado. Desde su implementación en 2006, la sostenibilidad del modelo ha dependido en gran medida de soluciones improvisadas y de la experiencia de los propios internos, evidenciando la necesidad de un mayor y más consistente respaldo de otros organismos para ampliar estas oportunidades a una mayor proporción de la población penitenciaria.

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