Ley propone destinar fondos de incautaciones a erradicar violencia de género y proteger a las víctimas en…
“Destinar recursos a la protección de mujeres: un paso hacia la prevención de la violencia femenina. ¿Qué cambios significativos traería esta ley para las…
El Senado de la República está evaluando un proyecto de ley que busca destinar una parte de los recursos obtenidos a través de bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales para fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres.
Según la iniciativa, al menos un 10% de los fondos provenientes de estos bienes incautados sería asignado a acciones orientadas a la prevención, atención y protección integral frente a la violencia contra las mujeres. Este destino específico se incorporaría a la ley de extinción de dominio, que actualmente distribuye estos recursos para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social de personas condenadas, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en áreas como salud y transporte.
La propuesta legislativa busca asignar estos fondos al Ministerio Público, que coordinaría su uso junto con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes. El objetivo es apoyar prioritariamente a las casas de acogida y a centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio.
El proyecto también contempla la implementación de planes y programas en las escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y fomentar cambios en los patrones culturales relacionados con las relaciones entre hombres y mujeres. Además, se propone desarrollar campañas de conciencia y prevención para abordar la violencia de género e intrafamiliar.
De acuerdo con la propuesta, del porcentaje total del 10% que se asignaría para estos fines, un 40% sería administrado por el Ministerio Público para coordinar y ejecutar acciones vinculadas a la prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar. El 60% restante sería distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones sectoriales, de acuerdo con sus atribuciones y los programas que desarrollen en esa materia.
La violencia contra las mujeres constituye una problemática social que afecta la seguridad, la integridad física y psicológica, la dignidad humana y el ejercicio de derechos fundamentales. Según estadísticas del Ministerio Público correspondientes al primer trimestre de 2026, se registraron 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como más de 30 feminicidios.
El proyecto de ley actualmente se discute en una comisión y es autoría de los senadores Pedro Catrain, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal.
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