La presión sobre GoldQuest: ¿Se sacrifica la transparencia por la urgencia?

La decisión de suspender los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest no es solo un problema minero, sino una señal sobre la forma en que República Dominicana aborda sus conflictos complejos. Este incidente ha generado preocupación en el país y ha llevado a cuestionar la efectividad de los procedimientos institucionales para manejar desacuerdos ambientales.

Un Estudio de Impacto Ambiental no tiene como objetivo garantizar que un proyecto se apruebe, sino que determina si debe aprobarse, bajo qué condiciones, con qué límites o si simplemente no debe realizarse. Interrumpir este proceso antes de su conclusión puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la inversión. De hecho, vacía de sentido al único mecanismo creado para arbitrar entre desarrollo, territorio, ambiente y comunidad.

La historia de República Dominicana está llena de ejemplos de decisiones ambientales tomadas fuera del proceso técnico. En ocasiones, se aprueban proyectos que no deberían ser aprobados, mientras que en otras se frenan proyectos antes de que las instituciones concluyan su evaluación. En ambos casos, el resultado es el mismo: más desconfianza, más conflicto y menos claridad sobre las reglas.

El caso de Goldquest es aún más preocupante, ya que ocurre en un momento en que el gobierno tiene capital político suficiente para elegir una salida más institucional. La desconfianza de las comunidades no es descabellada, especialmente considerando la memoria de pasivos ambientales no resueltos, promesas incumplidas y consultas que fueron trámite y no participación real.

Las comunidades tienen derecho a cuestionar, protestar y reclamar garantías ambientales, pero una democracia no puede convertir la intensidad del conflicto en el criterio principal de decisión pública. Cuando se hace esto, el incentivo deja de ser participar en el proceso y pasa a ser aumentar la presión sobre él. Esto no fortalece a las comunidades, sino que las deja dependiendo de que cada conflicto futuro sea suficientemente ruidoso para ser atendido.

La consecuencia más grave no es para Goldquest, sino para cualquier proyecto que en los próximos años requiera permisos, evaluaciones o arbitraje institucional. La lección aprendida por los actores involucrados es que los procedimientos son negociables si la presión es suficiente. Esto es un problema grave para el desarrollo sostenible del país.

La salida está en retomar el proceso con información verificable y participación real de comunidades, Estado, academia y sector privado. Esto requiere un enfoque más institucional y transparente, que priorice la evidencia y la responsabilidad. La pregunta que queda abierta es: si las instituciones dominicanas no procesan este conflicto mediante sus propios procedimientos, ¿qué conflicto futuro sí lo merecerá?

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