La oposición de Venezuela presiona por la excarcelación total de los presos políticos

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, reportó este sábado un total de 75 excarcelaciones tras el anuncio del Gobierno de liberar a 131 personas, mientras exige procesos de liberación "masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes" para todos los presos políticos. La brecha entre la cifra oficial y la verificada por la oposición refleja la desconfianza que persiste en torno a un proceso que las organizaciones de derechos humanos siguen con lupa.

Según el conteo de la PUD, actualizado hasta las 12:10 hora local (16:10 GMT), la coalición denuncia que aún permanecen más de 485 personas "inocentes tras las rejas" y sostiene que para lograr su libertad "solo se necesita voluntad política". Este número contrasta con los más de 390 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal, una diferencia que evidencia la dificultad de obtener cifras unificadas en un contexto de hermetismo oficial y de verificaciones independientes en curso.

En paralelo, el líder de la coalición, Edmundo González Urrutia, celebró las excarcelaciones pero advirtió que esto "no borra" el sufrimiento de los liberados y sus familias, y pidió "establecer responsabilidades" por lo ocurrido. Sus declaraciones apuntan a que la liberación, aunque positiva, no cierra el capítulo de la persecución política que denuncian los sectores opositores, ni sustituye la necesidad de una rendición de cuentas sobre las detenciones que consideran arbitrarias.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT) 72 excarcelados, aunque advirtió que continúan verificando liberaciones. Su director vicepresidente, Gonzalo Himiob, señaló a EFE que "lo más prudente" es esperar a que los liberados acudan a los tribunales para conocer las condiciones de su excarcelación. Esta cautela responde a experiencias previas en las que algunas liberaciones han estado condicionadas a medidas restrictivas o a procesos judiciales pendientes.

Por su parte, el partido opositor Primero Justicia exigió al Gobierno publicar una lista con los nombres de los excarcelados, una demanda recurrente de organizaciones y familiares en procesos anteriores. La falta de transparencia en la identificación de los liberados dificulta que las familias puedan confirmar la situación de sus seres queridos y que las organizaciones puedan dar seguimiento a cada caso, un elemento que ha generado críticas en ocasiones previas.

Mientras tanto, dirigentes, activistas y organizaciones de derechos humanos insisten en la libertad plena de todos los presos políticos, que según Foro Penal superan los 390. El Gobierno venezolano niega la existencia de presos políticos y asegura que los detenidos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y diversas organizaciones internacionales. Este desacuerdo de fondo seguirá marcando la agenda política del país, donde la comunidad internacional observa si estas liberaciones representan un cambio de rumbo o una medida aislada en un contexto de tensión sostenida.

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