La incertidumbre que pone en riesgo al mercado inmobiliario de República Dominicana
“Descubre por qué la falta de regulación en la industria inmobiliaria dominicana pone a compradores y vendedores en riesgo. Un cambio es necesario.”
La República Dominicana se ha afianzado como uno de los destinos más atractivos del Caribe y, en paralelo, su negocio inmobiliario ha experimentado un crecimiento acelerado que moviliza miles de millones de dólares cada año. Pese a ese peso económico, el sector sigue operando en gran medida sin una normativa específica que regule la intermediación y la actividad de quienes participan en ella.
Ese vacío legal ha permitido que cualquier persona se presente como corredor de bienes raíces, ofrezca propiedades con afirmaciones difíciles de verificar y gestione comisiones sin supervisión de una autoridad competente. En la práctica, esta falta de control abre la puerta a fraudes, distorsiones en los precios y conflictos que terminan afectando tanto a compradores como a vendedores.
Un mercado inmobiliario con aspiraciones de ser serio necesita intermediarios certificados, reglas claras y mecanismos de fiscalización. Por ello, una ley de intermediación debería contemplar un registro público y obligatorio de corredores autorizados, exigir formación mínima y actualización profesional permanente, además de ordenar los contratos de mediación y establecer límites éticos a la publicidad y a la captación de clientes.
Los beneficios de una regulación así serían inmediatos. La inversión extranjera, que ya se concentra con fuerza en Punta Cana y en otros polos turísticos del país, encontraría mayores garantías para crecer. También el turismo residencial, pieza clave aunque silenciosa de la economía nacional, ganaría credibilidad en los mercados internacionales.
Al mismo tiempo, los profesionales que trabajan con transparencia dejarían de competir en desventaja frente a operadores informales. En países como España, México o Colombia, las leyes sectoriales han contribuido durante años a ordenar el mercado y a elevar los estándares de la profesión, una referencia que la República Dominicana no debería seguir ignorando.
El Congreso Nacional tiene ahora la oportunidad de transformar un entorno desordenado en un sistema más transparente, competitivo y confiable. Los proyectos de ley que cursan en el Senado sobre esta materia merecen atención, porque el turismo lo necesita, la inversión lo reclama y los ciudadanos lo esperan.
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